Lourdes Uquillas.- Contar con una ley de ecocidio es fundamental para “dar el golpe de timón que necesita la humanidad” contra las agresiones al planeta, asegura en una entrevista con Efe la directora de la campaña de la organización Stop Ecocidio España, Maite Mompó, quien señala que la norma llegará a la Corte Penal Internacional (CPI) en unos años.
Inclusión en la CPI
Según la directora de la campaña de ecocidio, esperan que este año se proponga su inclusión en la CPI, pero se necesita que “varios países lo echen para adelante” y trabajan para que como en el caso de España, el Gobierno español “anuncie públicamente que liderará la creación del crimen”.
Mompó ha participado esta pasada semana en una serie de eventos organizados por la organización internacional Stop Ecocidio en todo el mundo con el objetivo de dar a conocer y difundir la importancia del establecimiento del ecocidio como delito ambiental global y que sea recogida por la CPI como el quinto de los delitos que trata este tribunal, después del genocidio, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de agresión.
Explica que el término ecocidio significa “matar la casa”, que viene del griego “oikos” que es casa y “cidio” del latín que significa asesinato, muerte. “Eso es lo que estamos haciendo y debemos ser conscientes que tal como están montadas estas sociedades no tienen futuro”.
Según Mompó, el concepto de ecocidio se ha extendido mucho en los últimos dos años, pero fue gracias a la preocupación de la abogada británica Polly Higgins, quien se cuestionó la destrucción de las bases de la vida de la Tierra por parte de los seres humanos, sin que se haga nada para parar tanta destrucción.
Justamente este año, “la palabra ecocidio cumple 50 años de su primera utilización como concepto en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972), también conocida como Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, y antecedente a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992)”.
En Estocolmo, el entonces primer ministro sueco, Olof Palme (1927-1986), expuso las “graves agresiones” que se estaban produciendo contra el medio ambiente, “poniendo como ejemplo la contaminación por la utilización de miles de toneladas de agente naranja, un ecocidio que afectó a la salud de miles de personas cuyas consecuencias persisten hasta la actualidad, así como la destrucción que produjo en la selva del país asiático”.
Higgins “plasmó en dos libros sus inquietudes sobre el desarrollo de la legislación para la protección del medio ambiente y estudió la forma de introducir el concepto de ecocidio en la Corte Penal Internacional (CPI), la forma más rápida y efectiva para proteger a la Tierra y que se diera el paso de la vía civil a la penal”.
Ley de ecocidio
La directora de campaña de Stop Ecocidio España subraya que ecocidio es “cualquier acción que cause un daño extenso y duradero en cualquier ecosistema y afecte tanto a las personas como a la naturaleza”. Pero el ecocidio “siempre afecta a las personas de forma indirecta, como seres que estamos dentro de la cadena de la vida, pero puede que no les afecte de forma directa”.
El Estatuto de Roma, el documento de constitución de la CPI, “recoge el delito ambiental para tiempos de guerra”, explica ante la pregunta sobre la destrucción de ciertas infraestructuras y quema de depósitos de combustible que está provocando Rusia en su invasión a Ucrania, emisiones a la atmósfera que podrían echar por tierra el reto de reducción de emisiones recogido en la estrategia verde de la Unión Europea.
[box type=”shadow” ]No obstante, aclara, “nosotros trabajamos para tiempos de paz -que es cuando más ecocidios se producen-“, sin embargo, “queda claro que tenemos que cambiar nuestra estructura económica, dejar de depender de los fósiles y de la nuclear, cambiando las fuentes de energía”.[/box]
Energía nuclear y ecocidio
Y a propósito de la nuclear, Mompó advierte de que un ecocidio del que “se habla poco” es la contaminación de la central nuclear de Fukushima (Japón), que sufrió un terremoto y un tsunami en marzo de 2011 y que la empresa Tepco, gestora de la infraestructura, ha anunciado que a partir de 2023 echará más de 1,29 millones de metros cúbicos de agua contaminada con radiactividad en bidones al océano Pacífico.
“Este caso entraría dentro de la definición jurídica que dio el grupo de expertos sobre el ecocidio“, porque verter todo esa agua que tiene radiactividad “va a causar un daño extenso y duradero en el ecosistema del océano Pacífico”.
Mompó asevera que lo más grave, además del caso Fukushima, es que la Unión Europea pretende declarar “como limpia la energía nuclear”, sin duda, asegura, “ante la presión del lobby nuclear”.
Agroquímicos y agricultura
Por otra parte, en relación a la posible importación por parte de Europa de cereales desde Latinoamérica y Estados Unidos por la guerra en Ucrania, Mompó señala que “se considera ecocidio la utilización de agrotóxicos, como el Roundup glifosato para su cultivo”, en el que, además se utilizan organismos modificados genéticamente (OMG), dos elementos que “contaminan el agua, el aire y la tierra”, al igual que en otros lugares del planeta.
Porque “también se habla de ecocidio al hablar de herbicidas y plaguicidas, causantes del colapso de insectos, de las aves, porque todo es una cadena”, dice, y aclara que en España se cultivan OMG, pero lo que está prohibido en Europa es que se utilice para la cadena alimentaria humana, pero están autorizados para la alimentación de los animales que luego se consumen.
[box type=”shadow” ]”Es un problema a nivel global” sostiene y recuerda que hay dos tipos de ecocidio, el que afecta a todo el planeta, como la crisis climática, la contaminación por plásticos o por agrotóxicos, que en España ha recibido el nombre de “fitosanitario, cuando es veneno” y exclama: “la vileza del lenguaje…”; y otros ecocidios que son de carácter local, como el vertido de petróleo en las selva amazónica ecuatoriana, el fraking en Argentia o el Mar Menor en España.[/box]
Prevenir los ecocidios
Incide en “el gran poder de los lobbies empresariales”, por ello, “la ley penal es imprescindible a nivel global, porque son transnacionales que tienen mucha fuerza”, sostiene Mompó, y añade que basta analizar los datos de la última Cumbre de Cambio Climático de Glasgow (Reino Unido) ,a la que asistieron 45.000 delegados, en cuya zona azul hubo 503 del grupo de empresas fósiles, y cien de la nuclear, mientras que el país que más delegados tuvo fue Brasil, es decir, “el Gobierno de Jair Bolsonaro vendiendo la Amazonía”.
No obstante, asegura, “los gobiernos sufren la presión de sus empresas, como lo sucedido con Repsol en Perú, donde la empresa intentó minimizar el impacto de la contaminación de la costa, y donde se produjo un ecocidio”. Sin embargo, sostiene, “el Gobierno peruano está pidiendo la responsabilidad penal”.
El problema es que “no existen leyes que penalicen esto”, y “realmente el objetivo de contar con la ley de ecocidio no es tanto sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las grandes empresas, como debería ser, si no el carácter preventivo de la norma” para el futuro y las futuras generaciones.
Sobre la construcción de embalses en Centroamérica por empresas multinacionales -algunas españolas-, que están dejando sin agua a muchas comunidades locales, Mompó explica que “el problema no es solo para las personas, si no también para todos los ecosistemas que depende de esas fuentes de agua”.
Agua, minería, agricultura intensiva, fracking…
Apunta además a “la minería, la agricultura intensiva o el fraking que daña los acuíferos como causas para privar del derecho humano al agua, recogido en el objetivo de desarrollo sostenible ODS6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a miles de personas”. Asegura que unas pocas compañías “se están apropiando del agua”.
Mompó incide, “cualquier actividad que entre dentro de esta definición sería ecocidio, porque se viola el derecho fundamental al agua y se viola el derecho a la consulta previa, recogido en la OIT y en el Acuerdo de Escazú, firmado por varios países de Latinoamérica”.
No obstante, “una de las cosas que sucede con la ley penal es el principio de la retroactividad”, es decir, “no se puede juzgar delitos sucedidos en el pasado, antes de que exista la ley que los condena, eso es un principio básico del derecho penal, pero cuando hablamos de ecocidio se habla de efectos negativos duraderos de forma continuada y prolongada en el medio ambiente”.
Y recuerda el caso Chevron como un caso que “tendría que ser tratado en la CPI porque se sigue hablando de contaminación por petróleo en Ecuador, no como el caso del Prestige en España, que sucedió y se limpió”.
Futuro de nuevas generaciones
“No tenemos derecho a dejar sin futuro a las futuras generaciones”, es por ello “muy importante” que cada persona actúe para cambiar las cosas y anima a adherirse y firmar su campaña para que los gobiernos creen esta ley, porque la movilización ciudadana es muy importante, y es para contrarrestar la presión de las corporaciones y demostrar a los políticos que queremos que se proteja al planeta.
De lo que más se habla es del cambio climático, sostiene, pero, añade, también están la pérdida de biodiversidad y la contaminación por tierra, mar y aire a nivel global, son los tres temas que aglutinan los peores problemas que tenemos y se tratan muy poco en los medios de comunicación.
“Teniendo la ley de ecocidio en el horizonte, ya están cambiando las cosas, antes no se hablaba que había que terminar con todo esto y ahora sí, por lo que si se aprueba la ley en un plazo de unos tres o cuatro años aproximadamente, cualquier actividad que se inicie se preocupará de tener el menor impacto posible en el entorno”, sostiene Mompó, una activista desde joven que retiró chapapote del Prestige en Galicia. EFEverde
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