Bruselas.- El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, los dos colegisladores comunitarios, llegaron este jueves a un acuerdo político sobre una ley que mejorará la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medioambiente en la UE.
La nueva legislación establecerá normas mínimas sobre la definición de los delitos penales y las sanciones con el fin de proteger mejor el medioambiente, y reemplazará a la actual directiva de 2008 que ha quedado obsoleta ante la evolución del Derecho medioambiental de la Unión, indicó el Consejo en un comunicado.
En concreto, definirá con mayor precisión los delitos contra el medioambiente y añadirá otros tipos nuevos, a la vez que armonizará el nivel de las penas para las personas físicas y, por primera vez, para las personas jurídicas en todos los Estados miembros de la UE.
Delitos tipificados en la legislación penal de la UE
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado aumentar de nueve a 18 el número de delitos actualmente tipificados en la legislación penal de la UE.
Entre ellos figuran el tráfico de madera -que es una de las principales causas de deforestación en algunas partes del mundo-, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de los buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.
También han pactado una cláusula de «infracción cualificada”, aquellas que se cometan intencionadamente si causan destrucción; daños irreversibles, generalizados y sustanciales, o daños duraderos, generalizados y sustanciales a un ecosistema de tamaño o valor medioambiental considerable, o a un hábitat natural dentro de un lugar protegido, o a la calidad del aire, el suelo o el agua.
Además, se endurecerán las penas: en el caso de las personas físicas, los delitos dolosos que causen la muerte a cualquier persona conllevarán una pena máxima de prisión de al menos diez años.
Para los delitos cualificados que causen resultados catastróficos se establece una pena máxima de prisión de al menos ocho años y, para los delitos cometidos por negligencia grave que causen la muerte de cualquier persona, una pena máxima de prisión de al menos cinco años
Para los demás delitos dolosos previstos en la legislación, se fija una pena máxima de prisión de al menos cinco años o de al menos tres años.
Por lo que se refiere a las personas jurídicas, la ley establece, para las infracciones más graves, una multa máxima de al menos el 5 % de su volumen de negocios mundial total o, alternativamente, 40 millones de euros.
Para todas las demás infracciones, una multa máxima de al menos el 3 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica, o alternativamente 24 millones de euros.
Medidas adicionales
También podrán adoptarse medidas adicionales, como obligar al infractor a restablecer el medioambiente o compensar el daño, excluirle del acceso a financiación pública o retirarle sus permisos o autorizaciones.
Por otra parte, los Estados miembros tendrán que garantizar la formación de quienes trabajan en la detección, investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales, como jueces, fiscales y autoridades policiales, y asegurarse de que estas autoridades dispongan de los recursos adecuados.
El acuerdo deberá aún ser confirmado por ambas instituciones antes de pasar al procedimiento formal de adopción.
La ONG medioambiental WWF dijo en un comunicado que, tras seis meses de negociaciones, los colegisladores de la UE han ultimado los elementos de la directiva revisada, que “refuerza y armoniza la respuesta penal en toda la UE” y supone “un importante paso adelante hacia una mejor protección de nuestro medio ambiente y nuestra sociedad”.
Definición de los delitos
El texto operativo de la Directiva no recoge la palabra ‘ecocidio’ para la calificación de los delitos ambientales, sin embargo, la Unión Europea ha tomado «buena nota» del texto propuesto por el Parlamento Europeo en marzo pasado para tratar los temas que alcanzan esa categoría.
Además, ha tomado nota del número creciente de proyectos de ley de ecocidio que se han propuesto y están avanzando tanto en Europa como en otros países, según un comunicado de Stop Ecocidio España.
El texto el Parlamento Europeo en marzo pasado propone que «los Estados miembros velarán por que toda conducta que cause un daño grave y extenso o un daño duradero o irreversible sea tratada como un delito de especial gravedad y sancionada como tal de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.»
Esta definición está muy cerca de la propuesta de definición de ecocidio para ser considerado «crimen internacional» que fue redactada por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio en 2021.
Según Stop Ecocidio, es la «primera vez» que un texto legislativo a nivel europeo reconoce la destrucción masiva de la naturaleza como un delito en sí mismo.
El Parlamento Europeo ya demostró «un verdadero liderazgo» en marzo al defender un texto sólido, y las negociaciones con la Comisión y el Consejo han dado como resultado una Directiva que realmente ayudará a los Estados miembros a tratar los daños medioambientales de «una forma mucho más seria», según Jojo Mehta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional.
En opinión de la directora de Stop Ecocidio en habla hispana, Maite Mompó, la nueva Directiva de delitos ambientales supone llenar un vacío legal que impedía de facto el poder prevenir y evitar que se causaran daños de alta gravedad a los ecosistemas.
Europa se coloca a «la vanguardia» en la legislación medioambiental mundial y esto supondrá un gran apoyo al reconocimiento del ecocidio en legislaciones nacionales y, especialmente, «al desarrollo de la iniciativa en la Corte Penal Internacional.”
Una campaña de una coalición de ong y sociedad civil de WeMove Europe y Avaaz, entre otras, pide que la nueva directiva incluya el ecocidio en la nueva Directiva. EFEverde
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