Sevilla.- Unas 1.000 personas según la Policía Nacional y 3.000 según la organización, se han manifestado este sábado en Sevilla para exigir el cese de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir.
Han denunciado la amenaza que pueden suponer proyectos como los de reapertura de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces para la salud pública, Doñana y sectores clave como la agricultura y la pesca.
La marcha, convocada por la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace, Ecologistas en Acción, junto a ocho ayuntamientos de la zona, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), FACUA Andalucía, COAG y Marea Blanca, ha partido a las 12:00 horas desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y ha concluido en las Setas de la Encarnación bajo el lema «No a los vertidos mineros».
Crisis ambiental sin precedentes
Las entidades organizadoras han alertado de que el río se enfrenta a una «crisis ambiental sin precedentes» tras la autorización autonómica para verter unos 130.000 millones de litros de aguas residuales con metales pesados.
Estos vertidos amenazan directamente a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y al Parque Nacional de Doñana, poniendo además en riesgo el cultivo de arroz, la pesca artesanal y el marisqueo.
La protesta se produce tras la publicación de investigaciones de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada que revelan concentraciones de metales tóxicos de «récord mundial» en peces capturados cerca de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena.
Durante el acto de protesta, la presidenta de la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Antonia Herrero, ha remarcado en declaraciones a los periodistas, la importancia de la movilización.
Salvar vidas
«Tenemos que salvar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Más allá de la defensa del territorio, en el fondo de todo está la vida de las personas que vivimos en el estuario. Somos millones los que estamos ahí y los que tienen en riesgo su vida», ha indicado Herrero.
Por su parte, el alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, ha advertido de la gravedad de los vertidos autorizados y del hecho de que si esos se producen «prácticamente terminaría con la vida en el río; podría llegar a ser un río muerto».
González ha instado a la creación urgente de un comité científico independiente que evalúe unas consecuencias que, según las investigaciones físicas y químicas, «permanecerán en el estuario durante décadas».
Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha indicado que «el mensaje hoy es un clamor popular: no queremos que el Guadalquivir sea una alcantarilla a cielo abierto».
«Eso es lo que está consiguiendo la Junta de Andalucía con sus políticas de autorizaciones a un sector súper contaminante», ha añadido Iza.
Además, ha recordado la impunidad del desastre de Boliden en 1998 y ha exigido tanto a la Junta como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) una moratoria inmediata y la no concesión del permiso de aguas para el vaciado de las cortas mineras de Aznalcóllar.
Las organizaciones participantes han reclamado la paralización cautelar de todas las autorizaciones vigentes, la aplicación del principio de precaución y la constitución de un panel científico independiente para proteger una arteria medioambiental y económica indispensable para el futuro de Andalucía. EFE Verde
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