Efeverde.- La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido hoy que se confirme y ejecute la medida cautelar del cierre de pozos en las fincas de Matalagrana y Borrachuelos, en Almonte (Huelva), en el entorno de Doñana, por la afección que la extracción del agua tiene para el acuífero que surte de agua al espacio natural.
Durante la vista oral celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva para ver el recurso de apelación interpuesto por los 16 agricultores afectados por esta orden judicial dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma en diciembre de 2014, el fiscal, Alfredo Flores, ha defendido que no ha habido indefensión para los agricultores y la "urgencia" de la medida que se recurre.
Tras recordar que esta orden recurrida es consecuencia de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Sala de Madrid a raíz de la investigación abierta en 2011, ha asegurado que, en contra de lo que mantienen los agricultores, "existe una situación de riesgo grave para el acuífero y para Doñana, según informes de distintas administraciones".
Ha destacado el hecho de que a lo largo de estos años "no ha habido colaboración por parte de los agricultores" a la hora de afrontar el problema de la extracción alegal de agua en estas zonas, llegando algunos a "impedir a los agentes la entrada en fincas".
Sostiene, también en contra de lo que mantienen los agricultores, que "los pozos no cuentan con autorización" y que el problema "no está en si están registrados o no".
Entiende el fiscal que "dada la lentitud de los procesos administrativos y de los cambios legislativos, no se puede esperar" y en relación con el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana que esgrimen los agricultores para asegurar que sus fincas están en zonas declaradas de riego ha indicado que dicho documento es "una declaración de intenciones, pues no se puede ir contra el POTAD".
Ha destacado el hecho de que dicho plan señala precisamente la zona de Matalagrana como "una en las que la situación del acuífero no es buena".
Tras recordar que "la protección del medio ambiente desde el punto de vista penal deriva directamente la Constitución" y que el hecho de que se lleve a cabo en la zona una agricultura ecológica es "una declaración que interesa mucho a la Consejería de Agricultura y a los agricultores", ha dicho que "no se puede permitir que se siga manteniendo esa situación de explotación".
"La principal amenaza para el acuífero y en eso coincide todo el mundo, es la extracción de las aguas subterráneas y contaminación por nitratos y otros productos usados en agricultura", según el fiscal. EFEverde
