Madrid.- Un total de 271 organizaciones han presentado este lunes un manifiesto contra la revisión que la Comisión Europea (CE) realizará de la Directiva Marco del Agua (DMA), instrumento legal que desde el 2000 actúa para proteger los ecosistemas acuáticos y la calidad de su agua en Europa.
Dicha revisión de la CE, cuyo texto presentará en junio y que en octubre llegará al Parlamento Europeo para su posible aprobación, puede, según indican, provocar problemas de salud por la eventual disminución de cuidados del agua.
«Va a tener repercusiones ambientales, pero también afectará a la seguridad hídrica, generará problemas económicos y de salud pública porque se podrían modificar el principio de no deterioro, así como simplificar procesos de evaluación de proyectos provocando que no haya garantías de que se hagan con los cuidados ambientales requeridos», ha advertido a EFE Teresa Gil, responsable del programa de aguas de la ONG WWF España.
«Estamos muy lejos, a nivel europeo y a nivel estatal, de que nuestras masas de agua estén en buen estado. Sin un agua de calidad no va a haber seguridad alimentaria y no va a haber resiliencia hídrica, más en un contexto de cambio climático donde tenemos procesos de inundación y de sequía», ha añadido Gil.
El objetivo de este manifiesto, presentado en el Congreso de los Diputados en Madrid y firmado por 271 entidades -y 302 personas del ámbito científico, académico o relacionados con la gestión el agua-, es advertir al Gobierno y países europeos de que buena parte de las organizaciones de la sociedad civil española en este ámbito están en contra de la revisión de la DMA para que bloqueen esa propuesta en el Parlamento Europeo.
La presión del sector minero
El motivo principal por el que la CE revisará la DMA es, según denuncian estas organizaciones, la presión que la industria minera ejerce para obtener más autosuficiencia en la extracción de materias primas.
Gil ha defendido que no es viable «cambiar extracción por la calidad del agua y de las comunidades locales donde se instalen estas actividades mineras».
Además, la directora de ClientEarth en España y el Mediterráneo, Soledad Gallego, ha indicado a EFE que la presencia del sector minero puede provocar una mayor contaminación de las aguas europeas.
«Tenemos el grave problema de vertidos contaminantes porque sectores como la minería no solamente destruyen la red hídrica o el sistema de acuíferos, sino que los vertidos a ríos, a los acuíferos cercanos, pueden ser también muy contaminantes», explicado esta abogada medioambiental.
«Se quiere debilitar la protección que ya tenemos del agua en España y en Europa y por eso es importante este manifiesto y evitar que esto se haga», ha añadido.
También Leandro del Moral, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha enfatizado en las «presiones» y el reto que supondría la simplificación de la DMA.
«La modificación de la Directiva reduce controles. Y si ya está encontrando muchos dificultades, estas reformas facilitarán los incumplimientos, que dejarán de serlo, con impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos», ha dicho a EFE.
Las entidades han dejado claro que no están en contra de la explotación minera de materias primas críticas en la Unión Europea (UE), pero han defendido que ésta tiene que convivir con las normas de protección del agua ya vigentes.
Acción más allá de España
En España, la movilización contra esta revisión es elevada, pero no es el único país de la UE que ha protestado por esta posible reforma.
«Esto se está realizando a nivel europeo con una campaña que se llama ‘Hands Off Nature’. Y dentro de cada país nos estamos organizando porque no solo afecta a organizaciones con compromiso ambiental, sino a organizaciones con compromiso social, porque esto va a tener un impacto en los seres humanos», ha apuntado Gil.
Recientemente, según ha señalado Gil, se ha presentado una consulta en la CE, llamada ‘Call for Evidence’, que recopila comentarios para valorar la revisión de la DMA y, pese a que España ha sido uno de los países que mas oposición ha mostrado, otros países como Alemania, Bélgica o Finlandia se ha mostrado en contra. EFEverde
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