La Guardia Civil ha detenido al responsable de un criadero de perros en Santa Fe (Granada) y a un veterinario granadino acusados de mutilar a diez animales que tenía a la venta cortándoles las cuerdas vocales.
En la operación, denominada Taciturno, se han intervenido cerca de 500 canes de distintas razas, según informa un comunicado difundido este domingo por el Instituto Armado.
Cortaban las cuerdas vocales a los perros
Esta operación está relacionada con las investigaciones desarrolladas el pasado 21 de noviembre en Vegas del Genil (Granada), donde agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) descubrieron un criadero clandestino en el que también les cortaban las cuerdas vocales a los perros de raza pomerania ruso y bichón maltés.
En dicha intervención, los agentes descubrieron un criadero de perros con 98 canes de distintas razas, como caniche, pomerania, chihuahua, bichón maltés y spitz, aparentemente bien cuidados y en buen estado de salud, pero algunos de ellos no podían ladrar porque les habían cortado las cuerdas vocales.
Avanzadas las investigaciones, los agentes del Seprona descubrieron que algunos de los perros intervenidos pertenecían o habían pertenecido a un criadero de Santa Fe, en el que el criador clandestino había trabajado antes.
Con estos datos, los agentes decidieron inspeccionar el criadero de Santa Fe junto con tres veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria y descubrieron 479 perros de diferentes razas, diez de los cuales mostraban síntomas claros de que les habían cortado las cuerdas vocales.
Gracias a la colaboración del Colegio de Veterinarios de Granada, los perros sospechosos de haber sido mutilados fueron trasladaron a una clínica veterinaria de Santa Fe para ser examinados por el veterinario titular y comprobar si habían sido cordectomizados.
Los informes veterinarios determinaron que a los diez perros examinados se les había realizado la cordectomía, una práctica quirúrgica que requiere anestesia general, conocimientos exhaustivos de anatomía, cirugía y farmacología, y que si no está llevada a cabo por un veterinario y con un fin terapéutico se trataría de una práctica de intrusismo profesional y de maltrato animal.
Maltrato de animales
Por otra parte la Guardia Civil ha descubierto que a 21 perros les habían implantado el microchip de otros, acción que tiene como fin dar cobertura legal a animales de procedencia desconocida y que solo puede realizar un veterinario.
A los presuntos autores se les imputan diez delitos relativos a la protección de la flora y la fauna por maltrato animal y 21 delitos de falsedad documental.
Asimismo, al propietario del criadero se le acusa de un delito de intrusismo profesional al descubrir que había ejercido de veterinario sin serlo.
Los perros intervenidos han quedado a disposición judicial en las propias instalaciones del criadero.
Jaulas de conejos para perros
Por otra parte, la Audiencia de Zaragoza ha rechazado el recurso interpuesto por el representante legal de una pareja de criadores de perros en la localidad de Maella investigados por maltrato animal y se ha mostrado a favor de la apertura de juicio oral al constatar la existencia de indicios suficientes contra ambos.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal considera que la apertura de juicio oral por parte del instructor del caso “en modo alguno” supone un enjuiciamiento previo o prematuro de los investigados, y ve “plenamente razonables” las conclusiones del juez.
Los criadores, un hombre de nacionalidad británica y una mujer rumana de 69 y 50 años de edad, respectivamente, fueron investigados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en mayo del año pasado tras localizar una finca destinada a la cría de perros con 544 ejemplares de distintas razas que se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias deplorables.
[box type=”shadow” ]Los investigadores verificaron que este lugar había sido utilizado con anterioridad como explotación para la cría de conejos, y que las pequeñas jaulas utilizadas para estos animales se empleaban ahora para los perros.[/box]
La decisión de la Audiencia de Zaragoza se sustenta en los argumentos del representante de la acusación popular en nombre de Anadel (Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad), Jorge Piedrafita, quien insistió ante el tribunal zaragozano de la existencia de indicios de delito en la conducta de los criadores.
En un comunicado, Piedrafita, cuyos argumentos fueron respaldados asimismo por la fiscalía, ha expresado su satisfacción por la decisión adoptada al entender que la prueba indiciaria aporta es suficiente para la apertura del juicio oral, y que los hechos constituyen, debido a su gravedad, un presunto delito de maltrato animal.
Este letrado ha anunciado que solicitará la “máxima pena” para los investigados y que ejercerá una acusación “implacable” ante unos hechos “execrables que ponen en grave riesgo la salud de los animales”. EFEverde
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