Los vecinos del barrio Las Karreras, en el municipio de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), han solicitado al Gobierno vasco que anule la resolución por la que se aprobó la construcción de una planta electrolizadora de 100 megavatios (MW) de capacidad a apenas 200 metros del barrio y a 50 metros de algunas viviendas, en el complejo petroquímico de Petronor (Repsol).
La petición ha sido realizada a través de una solicitud de revisión de oficio presentada por la Asociación PSVK Plataforma Stop Variante Las Karreras de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena ante el Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente como paso previo a iniciar la batalla judicial por la vía contencioso administrativa en caso de que su petición no sea atendida.
Elude trámites ambientales
El proyecto autorizado consiste en la construcción dentro del complejo de Petronor de una planta de producción de hidrógeno por electrólisis de agua con tecnología alcalina, con una capacidad nominal de 100 MW y una producción de hasta 16.800 toneladas al año de hidrógeno.
Para los abogados de los vecinos, la resolución incurre en múltiples causas de nulidad de pleno derecho, entre las que destaca que se tramitó como una modificación no sustancial de una autorización ambiental integrada (AAI) ya existente, cuando, por su envergadura y potencial impacto en el medio y la salud de las personas, requiere de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Riesgos
Entre esos impactos, destacan que la planta incrementará el consumo eléctrico de la refinería un 173 % y el de agua en 289.200 m³ al año de agua de red y en 734.000 m³ de agua de refrigeración. Además, generará 93,76 toneladas anuales de hidróxido de potasio (KOH), un residuo peligroso.
Su construcción conllevará una nueva línea de alta tensión con tramos aéreos en zonas cercanas a protección de avifauna y el almacenamiento de 8.000 kilos de hidrógeno altamente inflamable en el interior de una refinería, entre otros riesgos.
La propia resolución ambiental, añaden los denunciantes, admite que el proyecto supera los límites de inmisión acústica de 45 dB(A) en zonas residenciales durante el periodo nocturno, y que algunas viviendas quedan «en el límite de evaluación del periodo noche».
Pese a ello, el viceconsejero concluyó que el proyecto «no generará afecciones significativas sobre el medio ambiente», sin ofrecer razonamiento alguno que sustente tal afirmación.
Una ayuda de 160 millones de euros
La solicitud de revisión denuncia además la fragmentación artificial del proyecto para eludir controles más rigurosos, así como la existencia de una desviación de poder, pues, según sostienen, la modificación no sustancial se tramitó de forma acelerada porque uno de los hitos para obtener la ayuda pública de 160 millones de euros era precisamente contar con la resolución favorable en un plazo determinado.
Además de la nulidad de la resolución, los vecinos exigen la paralización cautelar de las obras de construcción de la planta electrolizadora hasta que se resuelva el expediente, en caso de que ya hubieran comenzado, y el sometimiento del proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria con participación pública. EFE Verde
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