A Coruña, 3 ago (EFE).- La Plataforma Manifiesto de Burela ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para que anule y revoque el Real Decreto sobre los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que se aprobó a finales de febrero y que reserva espacios para la eólica marina; también ha criticado a la administración por haberlos elaborado sin informes científicos y socioeconómicos del impacto de esa decisión.
La entidad, que agrupa una treintena de colectivos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, está apoyada en esta acción por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, presentes en el acto de hoy.
Según ha explicado el portavoz de la plataforma, Torcuato Teixeira, este jueves en una rueda de prensa en la Lonja de A Coruña, la admisión de la demanda, de cien folios, ya ha sido notificada y trasladada a la Abogacía del Estado para que conteste la administración.
Solicitan que se anule y revoque el Real Decreto de los POEM en lo referente a las zonas reservadas para la eólica marina, sin medidas cautelares para ser más ágiles, aunque no esperan tener resolución en «menos de dos años», en los que esperan que «no se le ocurra a ningún Gobierno otorgar concesiones cuando el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse».
Teixeira ha advertido de que el sector «es el más afectado por el cambio climático» y ha asegurado que «no se opone a las renovables», pero tampoco puede ser -ha dicho- «carne de sacrificio» para que los polígonos de la eólica marina se instalen en las costas españolas «sin el menor rigor y criterio científico» y «puedan acabar con la pesca y ecosistema marítimo».
La demanda está amparada, entre otros, en un informe del Observatorio del litoral de la Universidade da Coruña (UDC) que ha detectado, según el portavoz de la plataforma, once irregularidades de carácter jurídico tanto a nivel nacional como internacional y el quebrantamiento del principio de precaución.
Reprochan, además, que el expediente administrativo de ordenación del espacio marino, con casi 2.000 folios, no incluya «un solo informe que indique si la instalación de estos polígonos pueden afectar a los ecosistemas marítimos ni datos de impacto socioeconómico» sobre las consecuencias que tendría la implantación de estas industrias.
La demanda la han encabezado con la «vulneración del artículo 130.1 de la Constitución» respecto a que «los poderes públicos deben promover el desarrollo de todos los sectores económicos», con «especial consideración» hacia la «artesanía, agricultura, ganadería y pesca» y han precisado que «el energético no está» entre estos últimos.
Teixeira ha afirmado que se está sacrificando «a la pesca y el ecosistema marítimo para que otras industrias hagan su agosto y especulen». EFE
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