GRAFAND1426. SEVILLA, 29/10/2025.- Servidores y cabinas de almacenamiento de datos en el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Andalucía que almacena las imágenes radiológicas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), este miércoles en Sevilla. EFE/José Manuel Vida
Servidores y cabinas de almacenamiento de datos. EFE/José Manuel Vidal/ARCHIVO
CENTROS DATOS

El plazo de alegaciones al Real Decreto de centros de datos finaliza con dudas y críticas

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Madrid.- Este jueves ha finalizado el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos, una norma que ha despertado dudas y críticas en organizaciones ecologistas, patronales y autonomías.

El proyecto establece, como principales requisitos, la Categoría A de eficiencia energética e hídrica conforme al reglamento europeo (en vigor a partir de agosto de 2027) y que al menos el 80 % de la electricidad consumida por hora proceda de fuentes renovables generadas durante esa misma hora.

La propuesta vincula el cumplimiento de estos requisitos al acceso de los centros de datos a la red eléctrica española y establece obligaciones particulares de transparencia para instalaciones de más de 500 KW y 1 MW.

La iniciativa española se enmarca en la carrera europea por ampliar estas infraestructuras, después de que el pasado mes de junio la Comisión Europea presentara la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial (CADA, por sus siglas en inglés).

Esta propuesta de reglamento plantea triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5-7 años, al tiempo que propone simplificar los procedimientos para su instalación y facilitar el acceso a recursos estratégicos, entre ellos la energía, el suelo o el agua.

Alegaciones ecologistas

Las organizaciones ecologistas han reclamado durante el periodo de consulta una planificación que tenga en cuenta los límites territoriales y ambientales de estas instalaciones, en particular su demanda de electricidad y agua y los efectos sobre la biodiversidad.

La organización SEO/BirdLife ha advertido de que la expansión de los centros de datos exige conocer su demanda real de agua y su procedencia, especialmente en un escenario de sequías más frecuentes y de mayor presión sobre los recursos hídricos.

«No podemos asumir que cualquier territorio pueda albergar un número ilimitado de centros de datos porque exista demanda digital. Detrás de la nube hay suelo, agua y energía, y esos recursos tienen límites», señala la técnica del Área de Gobernanza de la organización Begoña Valero.

Propuestas desde el sector eléctrico

Las patronales renovables APPA Renovables y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han pedido flexibilizar el requisito de correlación horaria de la electricidad renovable.

Ambas asociaciones estiman que los requisitos planteados podrían encarecer el sistema, generar ineficiencias y dificultar el despliegue de los centros de datos, y han planteado algunas modificaciones.

«Estamos completamente a favor de que los centros de datos consuman electricidad renovable. De hecho, proponemos elevar el objetivo del 80 % al 100 %. Lo que pedimos es que el consumo renovable se acredite mediante una correlación anual que permita aprovechar la electricidad limpia que el sistema ya está desperdiciando», declara José María González Moya, director general de APPA Renovables.

Por su parte, AEE cree imprescindible acelerar el despliegue eólico para acompañar el crecimiento de esta nueva demanda y evitar que se incremente el precio de la electricidad, sobre todo en las horas nocturnas, las de mayor consumo doméstico.

Un proyecto cuestionado y criticado

El proyecto de Real Decreto no se ha librado de las críticas y la Comunidad de Madrid lo ha rechazado por considerar que «frenará la inversión» y «restará competitividad» a España.

Según fuentes de la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior, «no resulta viable tal como está propuesto», por lo que ha exigido que sea «retirado y reformulado sustancialmente».

También Aragón denunció que el decreto cambiaba las reglas del juego sin diálogo previo y advirtió de inseguridad jurídica, mientras que Andalucía calificaba algunas exigencias de “restricciones inasumibles”.

Por último, la asociación MACROrenovablesNo, con más de 450 entidades colaboradoras, ha reclamado que no se han atendido sus peticiones y ha lamentado que una infraestructura «tan relevante» que involucra «el consumo eléctrico del Estado, no se planifique al detalle y que sus costes no se informen de manera transparente».

El Gobierno aboga por un desarrollo ordenado de centros de datos con 80% de energía renovable

El Gobierno aboga por un desarrollo «ordenado y eficiente» de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que deberán consumir un 80% de renovables, cumplir los estándares europeos «más exigentes» de consumo de agua y energía y ser operados por entidades establecidas en la UE, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Este jueves ha finalizado el plazo de alegaciones al proyecto de real decreto presentado por el Gobierno que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos.

«Por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables España es un país ´muy atractivo´ para instalar estos centros», han recordado este viernes las mismas fuentes.

Sin embargo, han advertido de que se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW, «el triple del objetivo sectorial», concentrados en unos pocos territorios: 3,6 GW en Aragón -que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad- y 4,1 GW en Madrid -que duplicarían su consumo-.

La Estrategia de Inteligencia Artificial actual prevé «un despliegue de CPD con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica», han señalado.

Desarrollo ordenado y eficiente

Ante el aumento del precio de la electricidad, las tensiones por el abastecimiento de agua y el rechazo social provocados por los CPD en otros países, el Gobierno ha diseñado un proyecto de Real Decreto que incluye «requisitos en materia de resiliencia y soberanía digital», así como «requisitos en materia de sostenibilidad hídrica y energética» para los CPD de más de 1 MW, han explicado.

Según fuentes del Miteco, los CPD tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE «que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y que adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo».

En materia de sostenibilidad ambiental, los CPD españoles «consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento», un requisito que «desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables».

Los proyectos de CPD que incumplan esta medida sufrirán «penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas» para compensar el sobrecoste que, «de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores»; el incumplimiento reiterado «podrá acarrear la pérdida del acceso a la red».

Además, tendrán que «cumplir los estándares más exigentes del etiquetado europeo» relativos al consumo de agua y de energía: lo de Categoría A, «correspondiente a la mejor tecnología del mercado».

El proyecto de real decreto ha recibido «más de 600 alegaciones, y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales», según las mismas fuentes.

Este viernes las cinco principales ONG’s medioambientales -Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- junto a otros actores sociales han pedido al Gobierno que el proyecto de real decreto de centros de datos garantice menos consumo de agua y energía, una mayor eficiencia y un suministro 100 % renovable sin recurrir a combustibles fósiles ni energía nuclear, al considerarlo «insuficiente».

Por su parte, la asociación Spain DC ha avisado que aprobar la normativa tal como está pondrá en peligro inversiones por valor de 9.000 millones de euros. EFE Verde

rgg/icn

sr/crf

ONG ecologistas piden al Gobierno que el Real Decreto de centro de datos garantice menos consumo de energía y agua


 

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