Madrid.- El Gobierno se ha comprometido este miércoles a estudiar nuevas medidas de apoyo al campo para paliar los efectos de la sequía, un fenómeno ya tan preocupante que incluso el propio presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, ha planteado este miércoles en el Congreso de los Diputados la necesidad de afrontarla con una “política de Estado”.
Sequía
Sánchez ha relacionado el “estrés hídrico” con “el desafío de la emergencia climática” el mismo día en el que se reunía en Madrid la Mesa Nacional de la Sequía en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para analizar cómo enfrentarse a un problema que ya causa daños millonarios en las explotaciones agroganaderas y que según ha reconocido el propio jefe del gabinete está siendo “especialmente severa” en las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadiana.
La recuperación de ríos y acuíferos, la protección ante inundaciones, el impulso al saneamiento, depuración y reutilización del agua y la digitalización de la administración son los grandes ejes de actuación planteados por el Gobierno, que tiene previsto destinar más de 2.000 millones de euros de los presupuestos de 2023 y otros más de 1.000 millones de fondos europeos para materializarlos.
Según Sánchez, “nunca jamás ha habido tantos recursos para invertir en agua y en la modernización de las políticas hídricas” y ha recordado además que el Gobierno aprobó el pasado mes de enero planes específicos contra la sequía en “espacios emblemáticos” como Doñana, el Mar Menor, el delta del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera de Valencia.
Medidas urgentes
Sin embargo, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido, tanto al Gobierno central como a los regionales menos “análisis” y más “medidas urgentes” tanto económicas como legislativas, en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía que ha convocado a representantes del MAPA, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de las comunidades autónomas, de las comunidades de regantes y de las organizaciones de productores y las cooperativas agroalimentarias.
La situación “no está para diagnósticos” ha advertido el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien ha lamentado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no estuviera presente en este foro a pesar de tratarse de un “problema acuciante” y ha pedido un decreto “urgente” de sequía que recoja medidas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios.
Entre esas medidas figura la propuesta por el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, para que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea la posibilidad de destinar fondos del programa de desarrollo rural para ayudar a los agricultores con más problemas, así como una mayor flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
Según los datos manejados en este foro, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5 % inferior al valor normal, aunque la situación no afecta por igual a todo el territorio nacional ni a todos los sectores productivos.
Sector turístico
Pero la sequía va más allá del campo y puede dañar también otras actividades, como el turismo, pese a las voces que intentan tranquilizar los ánimos como la del director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, quien hoy ha asegurado que la llegada de visitantes, al menos en el caso de Cataluña, no cambiará el análisis general puesto que “las planificaciones ya preveían el incremento de la población” durante el verano.
El sector turístico “está comprometido” con la emergencia hídrica, ha añadido Reyes, quien ha recordado que en los últimos años las empresas de hostelería y restauración han llevado a cabo esfuerzos para recortar el consumo de agua, ya que la región catalana es una de las más afectadas por el descenso de agua en los embalses y existen restricciones en más de 220 municipios, lo que afecta a cerca de seis millones de personas. EFEverde
