Madrid.- Seis de los quince activistas climáticos de Rebelión Científica que arrojaron zumo de remolacha al Congreso de los Diputados en abril del 2022 han declarado en los juzgados de Madrid este jueves, comenzando un proceso judicial que algunos han tachado de “criminalización de la protesta”.
Los activistas, a quienes en la fase de instrucción se les acusa de haber incurrido en dos delitos -el de daños y el de desórdenes públicos, según les han informado hoy-, han acudido al juzgado número 30 de Plaza de Castilla para prestar declaraciones previas sobre lo ocurrido el pasado abril.
Allí les han recibido algunos de sus compañeros del movimiento climático, algunos de los cuales también declararán en los próximos días -como es el caso del profesor de la Universidad Autónoma Jorge Riechmann-, investigados por la acción de desobediencia civil en las escalinatas del Congreso.
Zumo de remolacha arrojado a la fachada del Congreso
Días después de que se publicara el informe del grupo III del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC), varias decenas de activistas y científicos arrojaron zumo de remolacha a la fachada del edificio -que ese día acogía un pleno- para exigir acción climática inmediata.
Por aquella protesta, 15 miembros de Rebelión Científica fueron detenidos y ahora, por cada delito que se les prevé imputar -si finalmente así lo decide el juez de instrucción- se enfrentan a penas de hasta 3 años de cárcel.
Según han avanzado a EFE desde Legalsol, el colectivo de asesoría jurídica y defensa legal que trabaja con Rebelión Científica, una vez iniciado este proceso quedan pendientes de declarar, el próximo 13 de abril, el resto de activistas.
Una vez todos hayan acudido a su cita -si bien algunos se atienen a su derecho de no declarar-, el juez dictará Auto de Sobreseimiento, “es decir, absuelve por considerar que no hay delito”, o Auto de Transformación en Procedimiento Abreviado, “en el que decide mandarles a juicio y fija los hechos concretos que pueden ser constitutivos de delito”, explican.
En este último caso, detallan los abogados, unos días después llegará el escrito de acusación del Fiscal.
“Lo volvería a hacer una y mil veces”, ha alegado al salir de los juzgados la ambientóloga Belén Díaz Collante, una de los activistas investigadas que ha decidido no declarar.
“Más claro no se puede decir; los informes científicos arrojan cada vez datos más graves”, ha señalado Díaz.
“El tiempo de las manifestaciones y las protestas comunicadas ya ha pasado”, ha añadido, para sentenciar que “quienes entendemos que esto es urgente no podemos seguir ahí, necesitamos seguir escalando en la acción”.
“La acusación está insistiendo más en la parte de los daños, pero nosotros no pretendíamos causar daños sino todo lo contrario, nuestra intención era construir, construir las bases para un futuro habitable”, ha aseverado por su parte el biólogo Javier de la Casa, que sí ha querido declarar.
“De ninguna forma se interrumpió la actividad en el Congreso, la gente podía pasar”, ha agregado el activista, y ha enfatizado que “la acusación no se sostiene” sobre todo en cuanto al delito de desórdenes públicos.
“Seguiremos luchando por las vías que consideremos oportunas para poner la voz de la ciencia en el punto que se merece y que los mensajes de la comunidad científica -incluso los más conservadores del IPCC- sean los que imperen en el mensaje político», ha incidido.
Otro activista que ha acudido a la concentración de apoyo, el ingeniero y especialista en energía Pedro Prieto, ha enmarcado este proceso judicial en lo que considera “principio de temeridad”, pues a su juicio se está “criminalizando a los que protestan” contra “el destrozo que está generando el modo de vida que tenemos”. EFEverde
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