Santander.- Siete comunidades autónomas han anunciado la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria sobre el lobo.
El documento lo han presentado en Santander, donde se han reunido los representantes de los gobiernos autonómicos con competencias en la gestión del lobo de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León para abordar el impacto de la especie en sus territorios.
Recuperación y controversia
La situación del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en España se caracteriza por una combinación de avances en su recuperación poblacional y una fuerte controversia política y social en torno a su gestión y nivel de protección.
Según los últimos datos oficiales, el censo nacional de 2025 contabilizó 333 manadas, lo que supone un incremento del 12 % respecto al recuento anterior de 2014, aunque aún por debajo del umbral mínimo de 500 manadas que la comunidad científica considera necesario para garantizar la viabilidad genética de la especie.
El número de ejemplares se estima entre 1.300 y 1.900 individuos, concentrados principalmente en las comunidades del norte del Duero —Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria—, aunque se han detectado nuevas manadas en regiones como Extremadura, donde no se registraban desde hace décadas.
El lobo fue incluido en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohibió su caza en todo el territorio nacional. Sin embargo, desde entonces su estatus ha sido objeto de sucesivas revisiones y disputas.
A nivel europeo, el Convenio de Berna y el Consejo de Europa rebajaron su categoría de “estrictamente protegido” a “protegido”, decisión que España no ha aplicado de forma automática, manteniendo su inclusión en el LESPRE.
No obstante, el Congreso español aprobó en marzo de 2025 enmiendas que reabrieron la posibilidad de cazar lobos en las denominadas “comunidades loberas” del norte, lo que ha generado una situación de inseguridad jurídica y nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional.
Elevada mortalidad
En los últimos meses se ha registrado una elevada mortalidad no natural en zonas como Palencia —con 16 lobos muertos en poco más de un año, varios por disparos— y por los incendios forestales de 2025, que afectaron a hábitats clave del norte peninsular.
Estas circunstancias han impulsado campañas ciudadanas y científicas que reclaman reforzar la protección y la coexistencia con la ganadería extensiva. Más de un centenar de científicos han pedido mantener la especie en el LESPRE y fijar en 500 manadas el umbral mínimo de conservación.
En Cantabria, el nuevo Plan de Gestión del Lobo está a punto de aprobarse, mientras que en Extremadura se ha instado al Gobierno regional a elaborar un plan de recuperación tras confirmarse la presencia de una manada reproductora.
Denuncia ante Bruselas
Según el acuerdo alcanzado este viernes, las CCAA piden que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.
Al encuentro habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no ha asistido.
Según ha asegurado la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa posterior a la reunión, el documento cuenta también con el apoyo de las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Al encuentro han asistido, además, las consejeras del País Vasco, Amaia Barredo; del Galicia, Ángeles Vázquez; de La Rioja, Noemí Manzanos; el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Barreda: el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, y el director general de Medio Ambiente de Aragón, Alfonso Calvo.
Las consejeras de Cantabria, Galicia y La Rioja ha lamentado que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Especial Protección (Lespre) la presencia de la especie en sus territorios se ha multiplicado con un aumento «exponencial» de los ataques al ganado, hasta el punto, han asegurado, de «poner en peligro» la ganadería extensiva en sus comunidades.
«Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva», ha afirmado María Jesús Susinos.
El Gobierno alega falta de solvencia en el informe del lobo para no remitirlo a Europa
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) ha alegado que la razón para no enviar el informe sobre situación del lobo en España a la Comisión Europea responde a que «no ofrece todavía una base científica solvente» por los «cambios sustanciales» que se han producido en las poblaciones.
De esta forma ha respondido a las comunidades autónomas que han anunciado que van a denunciar en Europa al Gobierno de España por sus incumplimientos con la legislación relacionada con esa especie, entre los que se encuentra el no haber enviado el último informe sexenal sobre la situación de la especie a la Comisión Europea.
«El informe, en su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente, ya que en los últimos meses se han producido cambios sustanciales en la situación de las poblaciones de lobo, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales», ha señalado el Miteco.
Esos factores, según añade en una información trasladada a los medios de comunicación, «alteran de manera significativa los datos de distribución y estado de conservación, y aconsejan una actualización rigurosa antes de su envío».
El ministerio suma a eso que, a principios de junio, la Comisión Europea informó formalmente a los Estados miembros de que aceptaría pequeños retrasos en la remisión de los informes sexenales, debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Y recuerda, además, que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 introduce una novedad procedimental relevante, al exigir la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, un extremo que actualmente está siendo analizado por el Tribunal Constitucional.
En este contexto, el Miteco ha defendido que actúa «con prudencia institucional, evitando remitir a Bruselas un informe cuya tramitación podría verse afectada por un futuro pronunciamiento del alto tribunal».
Ha indicado, además, que España solicitó a comienzos de agosto una ampliación del plazo de entrega, que fue expresamente aceptada por la Comisión Europea, y dispone todavía de dos meses para completar el proceso y solventar la situación, incluida la eventual apertura de un expediente.
«El ministerio ha optado por priorizar la calidad técnica del informe, el respeto al marco legal vigente y la defensa de la posición de España ante la Comisión Europea, frente a un envío apresurado que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados», concluye. EFEverde
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