Madrid, (EFEverde).- El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido hoy que el Gobierno ha compartido toda la información que tenía sobre el almacén subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinarós (Castellón), y los seísmos producidos con todas las Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos afectados.
Soria respondía así en la sesión de control del Congreso al diputado de CiU Jordi Jané que recriminaba al Gobierno haber citado a los alcaldes de una comunidad, en referencia a los de Castellón, y no a los de la zona Tierras del Ebro, donde también se han sentido los movimientos.
Jané también le ha echado en cara a Soria no haber informado de forma adecuada a la Generalitat que debe tener los datos necesarios para poder ejercer sus competencias en protección civil.
"Los seísmos no entienden ni de límites provinciales ni de Comunidades Autónomas", ha afirmado Jané que ha subrayado que en la zona hay alarma social e indignación por falta de información al territorio.
Soria, que ha negado ambas acusaciones, ha explicado que se citó a la reunión mantenida hace dos días en Industria a todos los alcaldes que había solicitado ser escuchados y que, ante la protesta del consejero de Interior de la Generalitat, le ofreció una reunión.
Yo mismo, ha añadido, he informado a los consejeros de Interior, Industria y Medio Ambiente de la Generalitat.
Soria ha recordado que desde el 5 de septiembre se han producido 368 movimientos en la zona de Castor, 12 de ellos perceptibles por población y uno de ellos, de 4,2 grados, y que, ante esto, los más prudente fue paralizar las inyecciones de gas en el almacén.
El titular de Industria ha reconocido que hay alarma social y temor en la zona y que lo que hay que hacer es "opinar en base a consideraciones técnicas de los expertos y tranquilizar en base a fundamentos".
Soria visitó ayer junto al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, las instalaciones del almacenamiento subterráneo cuyas actividades están paralizadas desde el pasado 26 de septiembre para estudiar su relación con los seísmos.
Más seismos
El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha indicado hoy que aún no ha finalizado la actividad sísmica en la zona del Delta del Ebro, por lo que la Generalitat mantendrá activado el Plan Sismicat en fase de alerta, aunque cree que el Proyecto Castor quedará paralizado durante un período.
En las respuestas a las preguntas que le han planteado cuatro grupos del Parlament -CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA- durante la sesión de control al ejecutivo catalán, el conseller de Interior ha apuntado que "hay una preocupación compartida en esta cámara" por la situación generada.
"Vista cuál es la actividad sísmica -ha afirmado-, con más de 400 seísmos producidos en el último mes, algunos de los cuales han superado la magnitud 4 de la escala Richter, tenemos la palabra del ministro de Industria de que la actividad en la planta es impensable ahora mismo y durante un período de tiempo".
Después de advertir que "aún no ha finalizado el período de actividad sísmica", Espadaler ha indicado que el Govern "se siente muy próximo a las peticiones de las autoridades locales y los vecinos" de la zona afectada por los seísmos.
"El Govern no se ha cruzado de manos, ni ha mirado hacia el otro lado -ha precisado el conseller- porque estamos ante un tema que preocupa a la población y que también incumbe a competencias de la Generalitat, por ejemplo en materia de protección civil".
Por este motivo, ha subrayado que "se mantendrá activado el Plan Sismicat", y que "en el grupo de trabajo de la reunión de ayer celebrada en Tortosa se tomaron acuerdos como el de que continúe activado este plan en situación de alerta".
Después de indicar que el comité técnico de coordinación con los municipios "invitará a participar a un representante de la administración central", Espadaler ha reiterado que en la reunión del lunes con José Manuel Soria "expresó la queja rotunda al ministro por no haber mantenido una reunión con los alcaldes catalanes".
El diputado de ERC Lluís Salvadó ha lamentado que no se tuvieran en cuenta todos los informes antes de ponerse en marcha el Proyecto Castor y que "las pequeñas fallas que hay en la zona se hayan visto alteradas ante la presión brutal que supone la inyección de gas".
Salvadó ha reclamado que el Govern "trabaje más intensamente para que el Proyecto Castor no vuelva a ponerse en marcha nunca más", y ha alertado ante la posibilidad de que el Gobierno español decida indemnizar con dinero público a las empresas promotoras.
Anabel Marcos, de CiU, ha recordado que los permisos de explotación de las plantas de inyección de gas fueron concedidos tanto por el anterior Gobierno central del PSOE como el actual del PP, y ha corroborado que los ayuntamientos no solo piden la paralización de la actividad, sino también "el desmantelamiento de la planta marítima y de la terrestre".
Núria Ventura, del PSC, ha considerado que "la prioridad es garantizar la seguridad y el cese de la actividad hasta, como mínimo, cuando existan todos los estudios necesarios, y si hace falta, suspender definitivamente las plantas".
Según esta diputada, "no es de recibo que se hayan creado muchas comisiones de coordinación pero siga sin aclararse lo que está pasando", y ha pedido a la Generalitat que inste al Gobierno "a crear una comisión de seguimiento con todas las administraciones y cuerpos de seguridad".
Hortènsia Grau, de ICV-EUiA, ha exigido la paralización del proyecto y en tono irónico ha aconsejado al presidente Artur Mas que "aproveche que quiere ir a ver las beatificaciones (del 13 de octubre en Tarragona) para reunirse con los alcaldes de la zona afectada por los seísmos". EFEverde, periodismo ambiental
