Luxemburgo.- Los países de la Unión Europea acordaron este lunes una posición común para ampliar el alcance de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y “alinearla” con los objetivos del Pacto Verde Europeo, un enfoque que introduciría mayores cargas para los sectores más contaminantes y fijaría la obligación de rastrear patógenos como el Sars-CoV-2.
La posición de las capitales, que se pactó este lunes en un consejo de ministros de Medioambiente en Luxemburgo y aún tiene que negociarse con el Parlamento Europeo, aporta “flexibilidad a los Estados miembros en la implementación de la directiva, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente.
“Esto nos acerca un paso más al objetivo de ‘cero contaminación’ que hemos establecido para Europa. La contribución de este sector a nuestros objetivos climáticos es crucial y las nuevas normas nos ayudarán aún más a proteger el medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos”, declaró en un comunicado la vicepresidenta y ministra española en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ampliación de la normativa a municipios de 1.250 habitantes
Los Veintisiete proponen ampliar el alcance de la directiva a aglomeraciones de 1.250 habitantes, en lugar de a los municipios de 2.000 de la actual normativa, que deberán contar con un sistema de recogida de aguas residuales urbanas para 2035, con algunas excepciones.
Además, el texto acordado en el Consejo, que aún debe negociarse con la Eurocámara, establece “plazos para que los Estados miembros establezcan un plan integrado de gestión de aguas residuales urbanas que abarque aglomeraciones de más de 100.000 habitantes para 2035 y aglomeraciones de entre 10.000 y 100.000 habitantes para 2040″.
Los Veintisiete quieren también que se aplique un tratamiento secundario, es decir, eliminar la materia orgánica biodegradable, a las aguas residuales urbanas antes de su vertido en el medio ambiente a todas las aglomeraciones de 1.250 habitantes para 2035.
Y, para 2045, los países tendrán que garantizar la aplicación de un tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) en las plantas más grandes de 150.000 habitantes o más”.
Los Estados miembros introdujeron una exención de este requisito cuando las aguas residuales urbanas tratadas se reutilizan para riego agrícola, siempre que no existan riesgos medioambientales y sanitarios y prevén un tratamiento cuaternario para eliminar un amplio espectro de microcontaminantes será obligatorio en 2045 para todas las poblaciones de más de 200.000 personas.
Los costes adicionales de ese tratamiento cuaternario correrán a cargo de los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos “que contribuyan a la contaminación de aguas residuales urbanas con microcontaminantes”, extremo que no apoyó Alemania.
Las capitales introdujeron también en su enfoque el requisito de que para 2045 las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas produzcan la energía que consumen, con objetivos intermedios progresivos.
“Esta energía puede producirse en el lugar o fuera de él, y hasta un 30 % de la energía puede comprarse a fuentes externas”, precisó el Consejo, que también aboga por que los Estados miembros tengan la obligación de rastrear en las aguas residuales urbanas la presencia de patógenos responsables de enfermedades humanas y pandemias, como el virus SARS-CoV-2, el poliovirus y el virus de la gripe. EFEverde
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