La I Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, el primer encuentro sobre este tema que se realiza en el continente, debatirá durante dos días estrategias, alianzas, prácticas y desafíos que hay que afrontar para atajar un delito que maneja miles de millones de dólares al año y que supone una seria amenaza para la seguridad y la biodiversidad.
Entre los invitados estarán representantes de 22 países de las Américas, continente que con su alta biodiversidad es origen de gran parte del tráfico global de fauna silvestre, así como otros cinco países invitados de la Unión Europea y Asia, ruta de tránsito y destino de este comercio ilegal.
El objetivo último será establecer alianzas entre los países de la región y los de destino para prevenir y controlar el delito, así como intercambiar experiencias de buenas prácticas, uso de tecnologías y soluciones innovadoras.
Se espera que los países invitados suscriban al cierre del encuentro, previsto para el viernes, la Declaración de Lima para la lucha frontal contra el comercio ilegal de vida silvestre que recogerá estas propuestas.
Según indicó esta semana en declaraciones a Efe el Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú (Serfor), Alberto González-Zúñiga, responsable de organizar la reunión, los Estados de la región no «están siendo lo suficientemente fuertes para detener» la tendencia al crecimiento de este ilícito, y que por eso hace falta impulsar la cooperación.
González-Zúñiga subrayó que el mensaje de la conferencia no será decir «esto no se toca, es inaccesible», sino más bien cómo «establecer el mecanismo para que haya el aprovechamiento sostenible».
Datos de la ONU indican que esta modalidad delictiva mueve globalmente cerca de 23.000 millones de dólares anuales, un negocio que afecta especialmente a América al contar con cinco de los diez países con mayor diversidad del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) y con uno de los principales compradores en el mundo (EE.UU.).
Tan solo en Perú, entre 2000 y 2017, más de 79.000 animales vivos fueron confiscados en Perú, y de ellos 17.849 pertenecieron a once especies consideradas en peligro crítico por el Estado peruano.
Además, en lo que va de este año, más de 2.000 especies, entre vivas y muertas, fueron decomisadas en el país andino después de haberse intentado su comercialización ilegal. EFE
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