Unas 600.000 personas están acogidas en España a distintos tipos de ayuda para poder afrontar el recibo del agua, con un grado medio de bonificación en torno al 33 %, según un estudio presentado hoy, que detecta situaciones muy heterogéneas.
La mayoría de los mecanismos de acción social son bonificaciones en la tarifa y/o ayudas de Fondos de Solidaridad, ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo.
En el primer concepto se incluyen las viviendas numerosas, lo que responde, según Morcillo, más a un criterio de equidad que de ayuda social y, en este sentido, ha defendido la necesidad de apuntar sobre todo a criterios de renta para la aplicación de las medidas.
El informe “Sostenibilidad social en el sector del agua: situación y recomendaciones”, elaborado por AEAS, la patronal de empresas gestoras de los servicios de agua (AGA) y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), aconseja mejorar y homogeneizar las políticas de carácter social en España.
A pesar de que el agua es una competencia netamente municipal, puede ocurrir que el abastecimiento dependa de los ayuntamientos y, sin embargo, la depuración (en torno al 45 % de la factura) sea potestad de la comunidad autónoma y sea la que establezca un precio único.
Un consistorio puede hacer el esfuerzo de ayudar una persona en dificultades económicas, pero la comunidad autónoma puede no mostrar la misma sensibilidad, en consecuencia los mecanismos de acción social deben extenderse a todo el ciclo del agua, ha razonado Morcillo.
Según una encuesta de AEAS-AGA, que abarcó una muestra de servicios que atienden a quince millones de personas, más del 90 % de esa población residía en municipios con uno o ambos mecanismos (bonificación tarifaria/Fondo Social), ascendiendo el número de beneficiarios en torno a un 1,2 % (600.000 ciudadanos).
El grado de bonificación se sitúa en 33 % en el caso de las tarifas y de entre el 33 y 66 % en el caso de las ayudas procedentes de los fondos de solidaridad.
Los mecanismos de acción social son fundamentalmente los contemplados en la estructura tarifaria, un 63 % del conjunto, mientras que un 13 % corresponde a los mencionados fondos y un 24 % de los casos conviven ambas fórmulas.
Básicamente, su aplicación es potestad de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Entre las conclusiones del informe, el presidente de AGA, Josep Carbonell, ha apuntado a que el precio de agua debe ser asequible -aunque en España sólo suponga el 0,9 % del gasto del hogar-; ampliar, mejorar y armonizar las ayudas; considerar el criterio de renta en su aplicación, y mantener y aumentar la colaboración entre los agentes implicados para atender a los usuarios en situación de vulnerabilidad.
También ha considerado necesario mantener los cortes de suministro como herramienta que asegure el pago del servicio por parte de aquellos usuarios que sí se lo pueden permitir.
Al respecto, Morcillo ha explicado que los cortes, que en muchas ocasiones -ha dicho- solo se prolongan unas horas, afectan al 0,012 de los usuarios (de 20 millones de contratos), es decir, unos 2.400 afectados, un “número muy reducido”.
Por otro lado, ha calificado de “deplorable” el fraude millonario destapado en la empresa pública de aguas Acuamed y ha pedido prudencia mientras continúan las investigaciones por parte de las instancias judiciales y policiales.
Por su parte, el director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñuales, ha abogado por la creación de un Fondo de Sostenibilidad y Solidaridad para evitar los cortes de suministro; dé facilidades de pago a las personas con dificultades y financie proyectos en países en desarrollo.EFE