Según Ecologistas en Acción, alrededor de 25.000 madrileños corren riesgo de inundación debido a que sus viviendas están en zonas inundables, lo cual consideran una consecuencia de la mala planificación urbanística y la permisividad institucional. Los ecologistas señalan que estas construcciones se han autorizado a pesar de estar en zonas de riesgo, contraviniendo la normativa.
Según esta organización ecologista, existen multitud de viviendas e instalaciones de todo tipo en zonas declaradas de riesgo de inundación y miles de personas viven en situación de riesgo declarado, porque las autoridades locales, autonómicas e hidráulicas «lo han permitido y autorizado».
A su juicio, las inundaciones de los últimos días en la Comunidad de Madrid responden a la mala planificación urbanística realizada, especialmente, en los últimos cuarenta años, con urbanizaciones, barriadas, viviendas aisladas, instalaciones deportivas y de ocio, bibliotecas y depuradoras edificadas en suelos inundables, «sin que las autoridades quisieran reparar en los riesgos que eso podría suponer», aseguran.
Aunque la legislación vigente garantiza que ninguna nueva edificación ni infraestructura pública esencial puede construirse en zonas inundables y el artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obliga a la retirada de las construcciones en situación de riesgo, en la actualidad existen proyectos en tramitación en zonas inundables.
Por ello, colectivos como ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo reclaman «máximo respeto y cumplimiento de la normativa».
Los ecologistas denuncian que, a pesar de estar identificadas estas zonas de riesgo, según marca la normativa, a través de mapas elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica, las autoridades hacen «ojos ciegos».
Acusan a las corporaciones municipales, que son responsables de elaborar y autorizar el planeamiento urbanístico en esas zonas, pero también al Gobierno regional, que tiene la responsabilidad de aprobarlo posteriormente, y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de dar la autorización pertinente para construir en zonas de influencia fluvial.
Inundaciones en Arganda del Rey
Las inundaciones en Arganda del Rey son para los ecologistas un ejemplo de la mala planificación urbanística, ya que la calle Real y su plaza, así como la prolongación de estas, se encuentran en la caída natural de las aguas torrenciales procedentes de tres barrancos.
A pesar de que estas inundaciones vienen conociéndose desde el siglo XVII, los crecimientos urbanísticos de Arganda de los treinta últimos años no han tenido en cuenta esta realidad, sostienen en Ecologistas en Acción Madrid.
El caso más preocupante es el de Alcalá de Henares, donde según ecologistas hay más de 22.000 personas en riesgo. Gran parte del barrio de la Virgen del Val así como su polideportivo, biblioteca o casa de la juventud se encuentran en zona inundable con riesgo para la población. Muchas de las viviendas de la zona han sido construidas en los últimos 20 años.
Ya no se construye en zonas inundables, según la Comunidad de Madrid
La Consejería regional de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad asegura que ya no se construye en zonas inundables y que las viviendas e instalaciones de todo tipo que pueda haber en zonas declaradas de riesgo de inundación datan de tiempos anteriores a la normativa que lo impide.
Fuentes de la Consejería han replicado así a Ecologistas en Acción, que ha calculado que en las diferentes cuencas fluviales de la Comunidad de Madrid hay 25.453 personas que viven en situación de riesgo por inundación.
[box type=»shadow» ]Desde la Administración autonómica recuerdan que son los ayuntamientos los competentes para elaborar los planes urbanísticos y que sus técnicos disponen de la información cartográfica que les proporciona la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para detectar las zonas inundables.[/box]
Una vez que los ayuntamientos aprueban los planes urbanísticos, la Comunidad de Madrid los supervisa y tiene que dar su visto bueno, y es en ese punto en el que la Consejería garantiza que «nunca aprobaría un plan urbanístico que pretendiera construir en una zona declarada inundable».
Respecto a las construcciones antiguas (anteriores a la normativa) y a las ilegales que se sitúan en zonas de riesgo, la Consejería recalca que la potestad en materia de disciplina urbanística también es municipal.
No obstante, la administración regional se muestra comprensiva con la dificultad de «echar a vecinos que llevan cien años con su casa». EFEverde
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