El Gobierno debe posicionarse “clara y rotundamente” sobre el ecocidio, ha señalado la diputada de Más País–Verdes Equo en el Congreso Inés Sabanés, durante unas jornadas parlamentarias sobre este fenómeno celebradas hoy en Madrid.
La “destrucción sistemática con total libertad” que atraviesan los ecosistemas a lo largo de todo el planeta “no debe ni puede salir gratis”, ha denunciado la parlamentaria en el foro, en el que también han participado la directora en España de la campaña Stop Ecocidio, Maite Mompó; el abogado chileno de la Fundación Baltasar Garzón Rodrigo Lledó, la catedrática en Derecho Ambiental Teresa Vicente y el abogado y activista ecuatoriano Pablo Fajardo.
Sabanés ha considerado “vital” custodiar y preservar los bienes naturales de los gobiernos y empresas que “puedan arrasar con ellos” y ha lamentado que hasta ahora las fuerzas “son asimétricas” y no existen herramientas que permitan proteger el planeta.
Ante esta situación, su grupo parlamentario, que forma parte de la Alianza Internacional por el Ecocidio, pretende que la destrucción de los ecosistemas sea considerado un delito a nivel internacional, reconociéndolo como figura jurídica y acabando con la impunidad de quienes cometen acciones que destruyen la naturaleza.
“Es una obligación moral, legal, ética y ciudadana garantizar esa protección”, ha sentenciado.
Proteger la biodiversidad
En esta línea, Mompó ha pedido al Gobierno que se comprometa a “liderar la creación del crimen de ecocidio” en la Corte Penal Internacional, que supondrá “un giro a las relaciones humanas con respecto al resto de especies” necesario para proteger la biodiversidad en “un momento crucial de la historia para la humanidad”.
La primera vez que se habló de ecocidio, ha explicado la activista, fue en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972 en referencia a la catástrofe ambiental por el empleo del agente naranja por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
Sin embargo, a diferencia los crímenes de guerra o contra la humanidad, Mompó ha recalcado que entonces no se incidió en la protección de la naturaleza “porque iba en contra de los intereses de grandes industrias contaminantes”.
Sistema “antropocentrista”
La catedrática Teresa Vicente ha culpado al sistema “antropocentrista” actual del colapso del plantea y ha indicado que en las últimas décadas se está siguiendo “el rumbo equivocado” para proteger los ecosistemas.
“La naturaleza no es un objeto o algo que se pueda privatizar”, ha asegurado, y para evitarlo ha propuesto “reconocer como sujeto jurídico a los ecosistemas, que son la unidad básica de la naturaleza”.
Por su parte, Lledó, uno de los expertos que integran un panel internacional dirigido a alcanzar una definición de ecocidio que se desvelará el 22 de junio, también ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería liderar este cambio.
“Pedimos al Gobierno que se sume y lidere internacionalmente este progreso”, ha afirmado el abogado, al solicitar que Sánchez se ponga a la cabeza “junto con otros países como Francia, Bélgica, Maldivas o Vanuatu”, para lograr que se tipifique este delito.
El activista Fajardo, quien no pudo estar presente en el foro y participó a través de un vídeo previamente grabado, ha denunciado la contaminación que la multinacional Chevron causó en la selva amazónica de Ecuador tras años de actividades altamente nocivas para el medioambiente y ha detallado la larga lucha en los tribunales que mantienen los denunciantes, quienes en muchas ocasiones “son criminalizados” por ello.
“Quien contamina debe pagar por ello”, ha subrayado Fajardo, quien ha reclamado una revisión de las normas internas de los países para que el ecocidio sea reconocido como delito “y estos crímenes no vuelvan a suceder” o, por lo menos que, si ocurren, sean reparados. EFEverde
