Yasuní: nadie dijo que fuera fácil

Por José Luis Fernández-Checa

Madrid.- La consulta popular sobre la explotación petrolífera en el parque nacional de Yasuní, en Ecuador, fue acogida como un extraordinario éxito ambiental, un hito mundial en la lucha por la conservación de la naturaleza.

Sin embargo, llevar a cabo esta decisión popular está siendo tan difícil como podría esperarse en un reto tan complejo: no solo se renuncia a los ingresos de los yacimientos también hay que invertir fondos para la eliminación de equipamientos y, además, enfrentar un contexto político y económico que presenta nuevos retos.

Seis meses después de la consulta, los colectivos ambientalistas e indígenas promotores han expuesto públicamente su oposición ante posibles retrasos y han exigido que se cumpla la voluntad popular en las condiciones acordadas. Unos temores bien fundados, por cierto, ya que hace unas semanas el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sugería la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para cesar la explotación del yacimiento petrolero Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

Noboa lanzó esta idea como una iniciativa para no dejar de recibir los beneficios que genera este yacimiento en el contexto del «conflicto armado interno» que su Gobierno declaró a inicios de mes contra el crimen organizado y que, según sus estimaciones, requiere más de 1.000 millones de dólares para enfrentar a las bandas criminales.

Un hito medioambiental

En agosto pasado, la sociedad ecuatoriana sentó un precedente inédito a nivel mundial al votar de forma mayoritaria en un plebiscito a favor del cierre del Bloque 43-ITT, el más reciente y productivo de los cuatro que se encuentran en explotación dentro del Parque Nacional Yasuní: supone aproximadamente el 11 % de la producción nacional de petróleo, uno de lo grandes pilares de la economía de Ecuador.

El objetivo era garantizar la conservación del Yasuní, considerado el corazón de la Amazonía ecuatoriana: una área natural protegida de un millón de hectáreas de extensión ue acoge más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces. Es, además, el hogar de diversos pueblos indígenas, entre ellos los tagaero, taromenane y dugakaeri, pueblos que se han declarado en aislamiento voluntario.

Precisamente los resultados de la consulta fueron un gran triunfo del movimiento indígena ecuatoriano, que se había manifestado mayoritariamente a favor del «Sí», en especial el pueblo de los waorani, la etnia más numerosa que habita el Yasuní. Junto a ellos, el éxito también se debe atribuir a «Yasunidos», el colectivo ambientalista que impulsó esta medida, tras reunir 757.000 firmas y librar una batalla judicial a lo largo de diez años con los órganos electorales para su realización.

Al mismo tiempo que se celebraba la consulta popular por el Yasuní, en la capital Quito se dio otro con similar resultado que prohibió cualquier tipo de minería en el Chocó Andino, un espacio de bosques andinos catalogado como reserva de la biosfera por la Unesco y que se encuentra, en parte, dentro del área metropolitana de la capital ecuatoriana, Ambas iniciativas obtuvieron el apoyo de más del 60 por ciento de los votantes.

Recelos

La pasada semana, los colectivos ambientalistas e indígenas promotores exigieron que se cumpla lo votado por los ecuatorianos. En concreto, el representante de la nacionalidad indígena waorani Ewene Ima denunció la aparente intención del Gobierno del presidente Daniel Noboa de plantear un cese de la explotación en los próximos cinco años y no en agosto próximo como señaló la Corte Constitucional al aceptar la celebración de esa consulta popular.

«Lamentablemente han pasado seis meses, y vemos que en los gobiernos locales y el Gobierno nacional quieren doblegar el voto popular de los ecuatorianos», ha declarado Ima, cuyo pueblo waorani es el más numeroso del Yasuní, con un territorio que abarca el 60 % del Parque Nacional.

El delegado waorani, que afirmó que los habitantes del Yasuní no han visto en seis meses un freno por parte de las empresas petroleras, apoya el el pronunciamiento realizado días atrás por la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), que agrupa a todas las comunidad de esta etnia y que ha exigido el cierre inmediato del Bloque 43-ITT.

Por su parte, el coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inty Arcos, denunció que hay empresas que pretenden explotar concesiones mineras concedidas antes de la celebración de la consulta popular y apeló a las autoridades para que revoquen dichas autorizaciones, ya que consideran que los resultados avalan que se prohíba cualquier tipo de minería metálica en el Chocó Andino, catalogado como reserva de la biosfera por la Unesco.

También se anunció que los colectivos ambientalistas que apoyaron y promovieron ambas consultas están solicitando a la Corte Constitucional que inicie la fase de evaluación del cumplimiento de ambas decisiones.

Cuestiones económicas

Estas declaraciones se producen , además, tras una intervención de Daniel Noboa, a finales de enero, en la que sugirió la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para cesar la explotación del Bloque 43-ITT.

El presidente ecuatoriano, que durante la campaña electoral se mostró favorable al cese de la explotación de este yacimiento, justificó ahora este posible retraso para no dejar de recibir los beneficios que genera este yacimiento en el contexto del «conflicto armado interno» que su Gobierno declaró a inicios de mes contra el crimen organizado y que, según sus estimaciones, requiere más de 1.000 millones de dólares para enfrentar a las bandas criminales: «Creo que la moratoria es un camino viable. «Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años, y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción», dijo Noboa en declaraciones al canal de televisión Teleamazonas.

Pese a estas declaraciones, el pasado 20 de febrero el Gobierno de Ecuador presentó este martes el proyecto de presupuesto público estatal para 2024, en el que se contempla una producción de 156 millones de barriles de crudo, unos 427.000 barriles al día, frente a los 487.000 actuales. Esta cifra supone una reducción de unos 60.000 barriles diarios, similar a la producción del Bloque 43-ITT.

Según Petroecuador, la construcción de las instalaciones y equipamiento del yacimiento Bloque 43-ITT, que comenzó a funcionar en 2016, tuvo un coste de unos 2.000 millones de dólares, mientras que el valor de sus reservas de petróleo fue calculado en 2022 en unos 13.600 millones de dólares para los siguientes veinte años. Su desmontaje, según un reciente cálculo de un alto cargo de esta misma empresa, podría costar al menos 1.800 millones de dólares (1.671 millones de euros).

EFE