Un total de 296 personas han sido condenadas desde 2007 en España por provocar incendios forestales según datos del informe “España en llamas”, elaborado por la Fundación Ciudadana Civio.
Otras 94 fueron absueltas y tres absueltas y sometidas a tratamiento psiquiátrico, segun la fundación segun se desprende de 325 sentencias dictadas en los últimos seis años, que juzgaban la autoría de 420 incendios con 393 imputados.
Según los datos de la Estadística de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (MAGRAMA) manejados por Civio en el informe, la acción humana provocó el 88 por ciento de los 187.239 fuegos ocurridos entre 2001 y 2011, de los cuales el 55 por ciento fueron intencionados.
En este periodo se quemaron 1.239.524 hectáreas, una superficie mayor que la extensión conjunta del País Vasco y La Rioja.
No obstante, afirman los autores del informe, no siempre es posible establecer la causalidad necesaria para que comience una investigación técnica y el caso pueda llegar a un juzgado.
En este sentido, según datos del MAGRAMA, el 15 por ciento de los incendios registrados entre 2001 y 2011 fueron originados “por causa desconocida”.
La investigación de las sentencias muestra que, según la tipología, de los 393 imputados analizados, 279 lo fueron por imprudencia o accidente punible y 98 por fuego intencionado.
Además, sólo ocho de los 296 condenados acumularon penas de prisión superiores a los dos años, mínimo requerido para entrar en la cárcel.
Por comunidades autónomas, Galicia, con 110 sentencias, acumula el mayor número de fallos, seguida de Andalucía y Asturias, con 66 y 49, respectivamente.
No obstante, tanto Galicia como Asturias se encuentran en una zona biogeográfica de “especial problemática”, según la define el MAGRAMA, donde se incluyen además Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora.
Son dos municipios de estas dos regiones los que encabezan el ránking de localidades más afectadas por incendios forestales: A Cañiza (Pontevedra) y Llanes (Asturias) sufrieron 1.429 incendios forestales entre 2001 y 2011, un promedio de 2,5 incendios por semana.
El estudio concluye asimismo que, para los 420 incendios analizados, entre el fuego y el fallo judicial hay una mediana de dos años y medio, pero supera los cinco años cuando se juzga la responsabilidad penal por grandes incendios -de más de 500 hectáreas-.
Este informe, según una nota de los responsables, es “la más completa base de datos sobre sentencias dictadas por delito de incendios forestales en España”.
Sin embargo, la recopilación de información ha entorpecido el trabajo, puesto que ni “los Ministerios Fiscal, de Justicia o Interior, ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con bases de datos sistematizadas sobre el asunto”, afirman los autores.
Según la Fundación Civio una compilación de los fallos judiciales y las investigaciones policiales del conjunto del Estado serviría para esclarecer el perfil sociológico y criminal del incendiario.
Para esta fundación ciudadana, también las administraciones responsables de gestionar el gasto público contra incendios suspenden en transparencia.
Desde Civio aseguran que “tras haber enviado más de ochenta peticiones de información pública a las diferentes administraciones competentes”, no cuentan con el volumen crítico de datos necesario para abordar el análisis sobre presupuestos para prevención, extinción e investigación de incendios.
Salvo contadas excepciones -el caso de las administraciones de Castilla y León, Extremadura y Murcia-, las instituciones no han cumplido la normativa que regula los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente.
La Fundación ciudadana Civio, según indican en una nota, es una organización sin ánimo de lucro que pone las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia y el acceso a la información y que ya cuenta con varios proyectos, como Tuderechoasaber.es, ¿Dónde van mis impuestos? o El Indultómetro, entre otros. EFEverde
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