El Ministerio para la Transición Ecológica abre este miércoles el proceso de información pública sobre el estado de conservación del lobo que permitirá conocer y presentar alegaciones al informe sexenal elaborado por el Gobierno, que dice que sigue siendo desfavorable, y a la versión confeccionada por la Xunta de Galicia, que indica lo contrario.
La consulta se mantendrá abierta 15 días hábiles, durante los cuales, los interesados podrán presentar alegaciones, para su incorporación al debate antes de llevarlos a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para decidir qué informe sexenal se remite a la Comisión Europea
Desde la entrada en vigor en abril de 2025 de la Ley de Desperdicio Alimentario, que supuso una rebaja en la protección nacional del lobo, la Conferencia, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debe aprobar los informes sexenales a los que obliga la directiva Hábitat antes de su remisión a Bruselas.
¿Por qué dos informes?
Hasta entonces, el informe era elaborado por el Ministerio con los datos reportados por las propias comunidades autónomas y remitido directamente a la Comisión sin tener que recabar el visto bueno de éstas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a ejecutivo central y autonomías para abordar cuestiones como la protección de especies de fauna y flora silvestre.
El año pasado, el Gobierno, siguiendo la misma metodología que en años anteriores, elaboró el informe sexenal 2019-2024, que concluía que aunque la situación de la especie había mejorado, seguía siendo desfavorable en todas la regiones (atlántica, mediterránea y alpina), pues, entre otras cuestiones no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica que se necesitan para garantizar su futuro.
Las comunidades loberas expresaron su descuerdo y la Xunta elaboró su propio informe en el que asegura que el estado de conservación de la especie es favorable en las regiones atlántica y mediterránea.
El que el estado de conservación se considere favorable o desfavorable es fundamental de cara a abrir la mano en lo que respecta a la caza de lobos para el control de poblaciones ante el incremento de ataques a ganado.
Tanto el Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han emitido diferentes sentencias en las que recuerdan a las comunidades que permiten la caza del lobo con fines de control poblacional, que éste sigue protegido por la directiva Hábitats y que sólo se pueden sacrificar ejemplares si no hay otra alternativa y siempre que no se ponga en riesgo a la especie. Además, la caza debe ser selectiva y no por cupos, como se hace hasta ahora.
Contar con información solvente
El trámite de información pública fue solicitado por organizaciones como Ecologistas en Acción o el Fondo para la Protección del Lobo y tras la publicación de informes científicos sobre el estado de conservación del lobo y los argumentos utilizados por las comunidades autónomas para justificar el control letal de poblaciones.
Una vez superado el trámite de información pública y con toda la información que se reciba, se convocará la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a comunidades autónomas y Ejecutivo central, explicó recientemente a EFE Verde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
El objetivo es que quienes forman parte de la Conferencia «tengan todos los criterios sobre la mesa, especialmente los científicos, para tomar una decisión solvente», algo que parece razonable teniendo en cuenta que lo que se remita a la Comisión Europea tiene que servir para sustentar las bases de la de la gestión del lobo durante los próximos 6 años», subrayó.
Mediante enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario, el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se introdujo en 2021 y que impedía su caza y control letal, y se estableció que el informe sexenal sea validado por las autonomías antes de ser remitido a Bruselas.
Para Morán, este cambio viene a significar que la decisión del estado de conservación de una especie ya no se determine por criterios científicos, sino por criterios políticos, o dicho de otra manera, se valida el negacionismo científico, al que se pone al mismo nivel que la constatación empírica de la ciencia.
Catorce autonomías piden reunión
En paralelo, los consejeros del área de Medioambiente de 14 comunidades autónomas han remitido una carta a la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para exigir la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que aborde el estado de conservación del lobo.
Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia firman la misiva, junto a Ceuta y Melilla, de acuerdo con el artículo 12 del reglamento interno de estas reuniones que fija la posibilidad de convocarla «para tratar asuntos urgentes o apremiantes» a petición de al menos un tercio de los miembros de la Conferencia Sectorial.
El objetivo, reanudar el procedimiento que quedó suspendió en julio tras una reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad en la que las comunidades autónomas rechazaron la propuesta de informe sexenal del Ejecutivo y aprobaran la defendida por la Xunta.
Según fuentes autonómicas, las comunidades afectadas presentaron un documento que aporta «pruebas técnicas de que el estado de conservación del lobo en España es favorable y expone las diversas falsedades y valoraciones subjetivas detectadas en la propuesta elaborada por el Ministerio».
Por ello acusan al departamento de Aagesen de actuar «con arbitrariedad» y de «negarse a convocar esta reunión (la de la Conferencia Sectorial correspondiente al 22 de julio) con falsos pretextos y únicamente para evitar la aprobación de una resolución contraria a sus principios ideológicos». EFE Verde
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El Gobierno someterá a información pública el informe sobre el estado de conservación del lobo
