Ana Tuñas Matilla
El Gobierno someterá a información pública toda la documentación relacionada con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo antes de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación y, en su caso, remisión a Bruselas, ha explicado a EFE Verde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
El trámite de información pública se abrirá a petición de varias organizaciones e incluirá tanto el informe sexenal 2019-2024 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable en España, como el confeccionado por la Xunta de Galicia y apoyado por varias autonomías, que asegura lo contrario.
También figurarán distintos informes publicados desde el mundo científico en relación con el estado de conservación de la especie y los argumentos utilizados por las comunidades autónomas para justificar el control letal de poblaciones en aras a proteger el ganado.
Que se tome un decisión solvente
Una vez superado el trámite de información pública y con toda la información que se reciba, se convocará la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a comunidades autónomas y Ejecutivo central.
El objetivo es que quienes forman parte de la Conferencia «tengan todos los criterios sobre la mesa, especialmente los científicos, para tomar una decisión solvente», algo que parece razonable teniendo en cuenta que lo que se remita a la Comisión Europea tiene que servir para sustentar las bases de la de la gestión del lobo durante los próximos 6 años», ha subrayado Morán.
Lo que ha pedido la comunidad científica es poder analizar la documentación que pone en duda el informe elaborado por el Ministerio y al que obliga al Directiva Hábitat, según Morán, que ha subrayado que el documento fue elaborado en base a criterios científicos y con datos facilitados por las propias comunidades autónomas, ha insistido.
Entre las organizaciones que lo han solicitado figura el Fondo para la Protección del Lobo, que considera de «suma importancia» que se haga pública toda la información que condicionará el futuro de la gestión del lobo y, por ende, de la especie.
Negacionismo científico
Transición Ecológica elaboró su informe siguiendo el mismo procedimiento estrictamente técnico y científico que en ocasiones anteriores, ha insistido Morán, que ha denunciado que este procedimiento se rompió el año pasado con la desprotección del lobo vía la Ley de Desperdicio Alimentario.
Mediante enmiendas a esa ley, el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se introdujo en 2021 y que impedía su caza y control letal, y se estableció que el informe sexenal sea validado por las autonomías antes de ser remitido a Bruselas.
El cambio que se introdujo en esa ley viene a significar que la decisión del estado de conservación de una especie ya no se determine por criterios científicos, sino por criterios políticos (…) Se valida el negacionismo científico, que se pone al mismo nivel que la constatación empírica de la ciencia, algo que no sucede en ningún otro país de la de la Unión Europea», ha criticado.
Obviando el criterio científico, que señala que una especie está o no en estado favorable o desfavorable en función de cuál sea su estado a nivel del todo su hábitat potencial (en este caso toda la Península Ibérica), el informe que defienden las autonomías viene a decir que la especie está bien en toda España si en una comunidad está bien.
Agricultura se ofrece a mediar
Por otra parte, Morán se ha mostrado a favor de fomentar la coexistencia entre ganadería y grandes carnívoros como el lobo, a lo que, ha advertido, no ayuda tomar decisiones que niegan lo que dice la ciencia.
En este sentido, desde el Ministerio de Agricultura han pedido integrar en el debate el interés legítimo de los ganaderos por la protección de sus rebaños y al propio Ministerio «en todos los foros decisorios sobre esta materia».
«Es necesario un cambio profundo en la manera de abordar el conflicto, que permita la adopción de consensos mínimos que garanticen la aplicabilidad de medidas de protección y coexistencia, única vía para garantizar su efectividad» ante el desafío que supone aunar la conservación de una especie emblemática con los riesgo que supone para la ganadería, han explicado a EFE Verde fuentes de Agricultura.
La posición del Ministerio, con una experiencia más que contrastada en abordar problemáticas complejas en el medio rural, puede ser más activa, motivando una mayor coordinación de los objetivos de protección y coexistencia que caracterizan este conflicto, han aseverado.
Cronología
El Gobierno debía haber remitido antes de julio de 2025 el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo al que obliga la Directiva Hábitats.
Los informes sexenales los elabora el Gobierno en base a los datos remitidos por las comunidades autónomas y, hasta la enmienda introducida en la Ley de Desperdicio Alimentario (que ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo), el Ejecutivo lo remitía directamente a Bruselas una vez confeccionado.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la ley, antes de enviarlo a la Comisión Europea debe ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural. En ambos organismos participan Gobierno central y comunidades autónomas.
Con datos aportados por las autonomías y aplicando la misma metodología que en informes anteriores, en julio de 2025, el Ministerio elaboró el censo del lobo 2021/2024 que señala que en España hay 333 manadas, 36 más que en el censo anterior (2012-2014) pero muy por debajo de las 500 que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.
Guerra de informes
En base al censo, el Gobierno elaboró el informe sexenal que concluye que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable en todas las regiones (atlántica, mediterránea y alpina)
Esa propuesta fue llevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, a la que la Xunta de Galicia elevó otro informe que asegura que el estado de conservación es favorable en las regiones atlántica y mediterránea y criticaba la metodología usada por el Ministerio.
Apartándose del protocolo habitual, ambos informes fueron sometidos a la votación de Ejecutivo y autonomías (en la Comisión están representadas por directores generales encargados de la materia y en la Conferencia los consejeros del ramo).
A favor del informe coordinado por Galicia, según fuentes conocedoras del proceso, votaron Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y Murcia. Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco se abstuvieron y sólo el Ministerio votó en contra. Además, pidió a las autonomías revisar las cifras aportadas teniendo en cuenta los animales sacrificados tras la desprotección de lobo y la afectación de los incendios del verano pasado, algo a lo que se han negado.
Previamente a su remisión a Bruselas, el informe debe ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Ante el retraso en la convocatoria, Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León han remitido directamente el informe que apoyan a Bruselas. EFE Verde
atm
La Comisión Europea recuerda que no se pueden cazar lobos si eso pone en riesgo a la especie
