Bruselas, 9 feb (EFE).- La Unión Europea ha aplazado la votación, prevista para este viernes 9 de febrero, sobre la directiva que obligaría a las empresas a mitigar el impacto ambiental y social de sus actividades. El aplazamiento se produce ante la falta de la mayoría necesaria para aprobarla, después de que Alemania anunciase que se abstendría.
Bélgica, que preside este semestre el Consejo de la UE, anunció a través de la red social X que el dossier había sido excluido de la agenda de la reunión de embajadores de los Veintisiete en la que iba a tratarse y que el voto se programaría para una fecha posterior aún por determinar.
Los diplomáticos debían ratificar el acuerdo político provisional al que habían llegado Estados y Eurocámara el pasado diciembre sobre la ley, un procedimiento normalmente rutinario, pero que se ha topado con la reticencia de último minuto de Alemania y de otros países que le han emulado, como Estonia o Austria.
Según explicaron fuentes diplomáticas, el texto no contaba con la mayoría cualificada necesaria para salir adelante por lo que se decidió aplazar la votación.
El Ejecutivo alemán, que en diciembre pasado había respaldado el acuerdo con la Eurocámara, anunció esta semana que se abstendría en la votación por considerar que genera demasiada burocracia para las empresas, lo que ha generado división dentro de la propia coalición que conforman Partido Socialdemócrata, Verdes y liberales del FDP.
"El Gobierno alemán no está unido. Los Verdes hubiéramos votado a favor", dijo el secretario de Estado de Economía y Clima alemán, Sven Giegold, a su llegada a un consejo informal de Industria en Genk (Bélgica), argumentando que la directiva garantizaría una competencia justa a nivel europeo en un área donde algunos países, incluida Alemania, ya tienen leyes.
No es la primera vez que Berlín bloquea a última hora acuerdos políticos ya cerrados, algo poco usual en el procedimiento de negociación de la UE, ya que el año pasado lo hizo con la directiva para prohibir la venta de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035 y acabó consiguiendo concesiones adicionales. Poco después,
Francia utilizó la misma estrategia para reabrir un acuerdo sobre energías renovables.
La directiva de diligencia corporativa busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de los socios de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos.
Se aplicaría a empresas de la UE y sus filiales con más de 500 empleados y una facturación anual global superior a 150 millones de euros, así como a empresas con 250 empleados y más de 40 millones de euros en facturación en sectores considerados de alto riesgo, como textil, agricultura y pesca, sector alimentario, o minería.
Estas compañías tendrían que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y se expondrían a multas de hasta el 5 % de su facturación anual global en caso de incumplimiento.
El acuerdo político preveía además mejorar el acceso a la justicia para los posibles afectados e incluía ya algunas concesiones a los Estados, como la exclusión del sector financiero.
La organización ecologista Environmental Justice Foundation expresó su preocupación por el retraso y criticó que algunos gobiernos "estén bloqueando irresponsablemente".
"Están en juego la protección de los consumidores, los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta para las generaciones futuras. Alemania, en particular, debería preguntarse si quiere tener sobre su conciencia un bloqueo de última hora de esta legislación crucial", declaró su director, Steve Trent, en un comunicado. EFEverde
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