La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió este lunes a la Comisión Europea (CE) que les mantenga informados sobre las medidas que aplica la ciudad de Barcelona para mantener los niveles máximos de dióxido de nitrógeno por debajo de lo que permite la normativa, tras la queja de un ciudadano español contra la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Condal.
La presidenta de esta comisión parlamentaria, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, también solicitó información sobre el proceso de infracción contra España después de que en varias ciudades, entre ellas Barcelona y Madrid, se incumpliera la normativa europea de calidad del aire, un caso que lleva revisando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde julio de 2019.
Además, Montserrat señaló que mantiene la petición abierta porque una mayoría de los diputados de esta comisión lo solicitó así y porque una petición no se puede cerrar cuando hay un procedimiento de infracción abierto al respecto.
El caso llegó a esta comisión del Parlamento Europeo después de que el ciudadano Martín Gurría planteara una queja sobre esta Zona de Bajas Emisiones, que a su juicio viola los derechos de los ciudadanos al imponer multas de hasta 500 euros por infracciones a conductores con vehículos antiguos en el área cubierta por la ZBE.
Distintivo ambiental de los vehículos
Ante los diputados, Gurría señaló que el distintivo necesario para circular en esta zona, basado “en pruebas teóricas y la edad del vehículo”, “no refleja la realidad” sobre lo que contamina cada vehículo, y lamentó que la medida ha causado “graves trastornos” a muchos ciudadanos.
“La protección de la salud ambiental es un bien fundamental, pero no se puede conseguir a cualquier precio, sino respetando la legalidad, la proporcionalidad y especialmente los derechos de los ciudadanos”, advirtió, al tiempo que protestó por la ausencia de compensaciones para familias como la suya que, afirmó, “de un día para otro” se quedaron sin movilidad.
Desde la Comisión Europea, el funcionario Daniel Fernández Gómez señaló no obstante que los Estados miembros tienen “completa discrecionalidad” sobre las medidas que deciden aplicar para evitar que los niveles de las sustancias contaminantes superen los límites que permite la directiva comunitaria sobre calidad del aire “siempre y cuando sean las necesarias y más adecuadas”.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Además, añadió que, para las sustancias que se vigilan con la directiva comunitaria, su principal foco es la circulación de vehículos de motor de combustión”, por lo que restringir el tráfico puede “entrar dentro del ámbito” de este tipo de medidas.[/box]
Medidas que “no son eficaces”
Entre los eurodiputados, la popular Rosa Estarás consideró que estas medidas “no son eficaces, proporcionadas o disuasorias” y las consideró contrarias al derecho y disfrute de la propiedad privada, mientras que Jorge Buxadé (Vox) criticó que solo beneficien “a quienes pueden permitirse un vehículo que no sea considerado contaminante”.
En la opinión opuesta se mostraron la diputada verde Margrete Auken y el socialista Javi López, que incidió en que Barcelona ha propuesto compensaciones con transporte público gratuito durante tres años para las unidades familiares que retiren un vehículo sin etiqueta medioambiental y afirmó que la medida del consistorio barcelonés “va en línea con lo que la UE lleva reclamando años”. EFEverde
