Madrid.- El filósofo Jorge Riechmann, la doctora en astrofísica Elena González Egea o el director de Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, son algunos de los detenidos por teñir de rojo el Congreso de los Diputados en abril de 2022 que comienzan hoy su proceso judicial, dispuestos a ir a la cárcel.
Así lo han asegurado varios de los nueve científicos investigados por arrojar un preparado de zumo de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022 que han declarado este jueves ante el juzgado nº30 de Madrid, donde en la fase de instrucción se les ha informado de los delitos que se les pretende imputar: el de daños a un edificio histórico y el de desórdenes públicos.
Los 15 activistas detenidos, en su mayoría especialistas en diversas ramas científicas, por aquella protesta impulsada por el movimiento Rebelión Científica, pretendían con esa acción exigir al Gobierno políticas climáticas eficaces tras la publicación de un informe del IPCC, el grupo de expertos de cambio climático de la ONU.
Si finalmente se les imputan ambos delitos, los científicos investigados se enfrentarían a penas de hasta seis años de prisión.
“Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas cambien” ha señalado a EFE el profesor de filosofía política de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann.
“Nos encontramos en un siglo de la gran desproporción porque no hay medida común entre la gravedad de la situación real y la forma como están reaccionando los gobiernos, las empresas y las sociedades”, ha advertido Riechmann, para recalcar que “si una parte significativa de la sociedad llega a ver eso y ve que el ingreso de gente como nosotras en la cárcel es una gran injusticia", entonces pasar por prisión puede tener "un efecto movilizador”.
“En una sociedad injusta, a veces el lugar de las personas que buscan la justicia está en la cárcel”, ha agregado el filósofo citando al autor de ‘Desobediencia civil', Henry David Thoreau.
Además de este proceso judicial, Riechmann será próximamente citado para un juicio oral por otra protesta climática en la que fue detenido, en otoño de 2019, en apoyo al movimiento climático Extinction Rebellion.
Por su parte, la ambientóloga y activista de Ecologistas en Acción, Marta García Pallarés, que también ha declarado hoy ante el juez, ha explicado a los medios ante los juzgados que entre los activistas hay aún “mucha incertidumbre” sobre si este proceso por la acción en el Congreso continuará pasada esta fase de instrucción, pero la expectativa general es que sí sean convocados a juicio oral.
“Nosotras vamos a seguir actuando siempre y cuando no se tomen las acciones necesarias”, ha alegado García Pallarés, antes de recordar los efectos de la crisis climática que ya se están haciendo notar en este país, con incendios forestales fuera de la temporada habitual, temperaturas más propias de verano en marzo o la sequía prolongada.
Los activistas han recalcado que el pasado mes de marzo ha sido el segundo más caluroso de este siglo en España, y que la temperatura de la superficie de los océanos a principios de abril ha registrado máximos históricos, según los datos recabados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
“Vivimos en un país en el que se criminaliza el derecho a la protesta. Nosotras asumimos las consecuencias de nuestros hechos y sabemos que hay efectos penales”, ha declarado García Pallarés, quien espera no obstante que haya jueces que “se tomen en serio” sus demandas y que incluso se sumen a combatir la inacción climática.
En los juzgados también se han concentrado varias decenas de activistas del movimiento Rebelión Científica, así como simpatizantes del sector académico, profesores de varias universidades e investigadores en instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
“España no está cumpliendo con la reducción de las emisiones de CO2 que tendría que haber habido según Naciones Unidas”, ha alegado, tras declarar ante el juez de instrucción, el doctor en ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto.
Prieto ha reclamado que, en lugar de reducir las emisiones de gases invernadero -causantes del calentamiento global-, en el año 2021 el país aumentó sus emisiones “del orden de un 7 %, y en 2022, con datos todavía no oficiales, del orden de un 5 %”.
“Sería lógico que los gobiernos, en vez de acusar a los mensajeros, cambiaran sus tendencias y protegieran a la población”, ha sentenciado. EFEverde
