Madrid.- Seis de cada diez españoles afirman que no utilizan el transporte público y alrededor de 5 millones no lo hacen porque no existe una oferta adecuada en su zona, según un informe publicado por Greenpeace que reclama convertir la movilidad sostenible en un «pilar básico del Estado del bienestar».
El estudio advierte de que el acceso al transporte se ha convertido en un problema estructural en buena parte de Europa y señala que en España el 61 % de la población «nunca o casi nunca» utiliza el transporte público, mientras que solo un 12 % lo emplea a diario.
Además, un 10,2 % de los ciudadanos -unos 5 millones- asegura no utilizarlo porque no hay servicios en su zona, la frecuencia es baja o los horarios no encajan en su vida cotidiana.
La organización ecologista denuncia que esta situación obliga a muchas familias a depender del coche privado incluso cuando supone un importante esfuerzo económico, hasta el punto de que España registra la segunda mayor tasa de Europa de «propiedad forzosa».
En concreto, según datos de Greenpeace, hasta un 10,3 % de la población mantiene un automóvil aunque ello suponga renunciar a otros gastos esenciales, un porcentaje solo superado por Grecia.
La desigualdad territorial es uno de los principales problemas detectados por el informe, ya que, mientras que en las ciudades apenas un 3,3 % de la población afirma no usar transporte público por falta de oferta, en las zonas rurales la cifra alcanza el 26,9 %.
Repercusiones sociales
Greenpeace alerta asimismo de las consecuencias sociales de esta «pobreza de transporte», que define como «la incapacidad de alcanzar un nivel de movilidad socialmente necesario».
«Ocurre cuando no existe transporte donde vives, cuando los horarios no encajan con tu vida, cuando el trayecto es inaccesible o inseguro, o cuando desplazarte en tu vida cotidiana consume una parte desproporcionada de tus ingresos o de tu tiempo», explica el documento.
De acuerdo con el estudio, casi un 10 % de la población activa española dedica más de una hora de trayecto de ida hacia su puesto de trabajo, lo que repercute directamente en el descanso, la conciliación y la calidad de vida.
«El transporte público no debería ser la alternativa para quien no tiene coche; debe ser una opción cómoda, segura y atractiva para todo el mundo», sostiene la responsable de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, quien reclama a las administraciones mayor inversión.
«Un transporte público de calidad no es un gasto, es una inversión social, climática y económica, reduce emisiones, mejora la salud, disminuye la desigualdad y devuelve tiempo de vida a millones de personas», concluye. EFE Verde
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