Madrid (EFE).- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, cree que el cierre de las nueve centrales de carbón que no se han adaptado para poder seguir operando después de junio de 2020 no provocará problemas en el suministro, pues en el sistema hay una sobrecapacidad de decenas de miles de megavatios (MW), según ha señalado durante su intervención en el Conama.
Domínguez Abascal, que ha participado hoy en una mesa sobre “Ley de Cambio Climático y Transición Energética” dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), ha indicado que esas nueve centrales de generación eléctrica con carbón suman una potencia de entre 5.000 y 6.000 MW, frente a una sobrecapacidad del sistema de decenas de miles de megavatios.
Centrales de carbón
En este sentido, ha explicado que en España hay 100.000 MW de capacidad de generación frente a un pico de potencia de poco más de 40.000 MW.
No obstante, ha afirmado que antes de autorizar cualquier cierre el Gobierno garantizará el suministro eléctrico y que los que se aprueben se harán con una garantía absoluta de que se asegura el suministro.
Ha indicado que el primer gran cambio en el proceso de transición energética se va a producir en la generación de energía y ha explicado que a ello ayuda ahora la tecnología, que permite generarla de forma eficiente y económicamente viable.
Domínguez Abascal ha dicho que el cambio también se va producir en los usos de la energía tanto en la edificación como en la movilidad y ha afirmado que “el vehículo eléctrico está aquí y está aquí a un precio competitivo”.
Ha recordado que el fabricante de automóviles Volkswagen anunciaba recientemente que en 2020 va a tener un coche con una autonomía de 500 kilómetros a un precio igual que los utilitarios.
En el caso de España, ha dicho que los objetivos que se ha fijado obligan a hacer una transformación muy significativa en el sistema de generación eléctrico, pues habrá que poner en marcha entre 50.000 y 60.000 MW, unos 5.000 MW al año, para que en 2030 más del 70 % de la generación sea de origen renovable.
Emisiones
Ha recordado que un 58 % de las emisiones del sistema de generación eléctrica proviene del carbón y que en nueve de las catorce plantas que hay en España no se han hecho inversiones para adaptarse y desnitrificar sus emisiones, como obliga la Unión Europea (UE), con lo cual cerrarán en junio de 2020 o antes de esa fecha.
Según Domínguez Abascal, las cinco restantes “irán cerrando de manera natural en años siguientes”.
El secretario de Estado de Energía ha dicho también que hay que ser “muy cuidadoso” para no dejarse gente atrás en este proceso de transición energética y sin forma de vida en el futuro.
Ha señalado que el Ministerio está trabajando ya para la articulación de los contratos de transición justa, en los que administraciones, agentes sociales y empresas trabajarán en la reactivación y búsqueda de alternativas para las zonas afectadas por cierres de instalaciones productivas derivadas de la transición energética, como existen en Francia, aunque aquí quizá lleven otra denominación.
Respecto al almacenamiento de energía, Domínguez Abascal ha dicho que el Gobierno se plantea en las subastas reservar una cantidad de potencia subastada para tecnologías con capacidad de seis o siete horas de almacenamiento.
Endesa solicitud de cierres
El director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha dicho hoy que no han presentado aún la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León), y Andorra (Teruel) porque quieren presentar de manera simultánea los planes de acompañamiento. Casas, que ha participado hoy en una mesa sobre “Ley de Cambio Climático y Transición Energética” dentro del Conama, ha señalado que Endesa está analizando toda la situación de las zonas donde se van a producir los cierres.
Ha explicado que a Endesa le corresponde garantizar el empleo del personal propio a través de reubicaciones en otras plantas del grupo o trabajando en el desmantelamiento de las centrales, unos trabajos que durarán entre cuatro y seis años. Los trabajadores directos de Endesa en la central de Andorra son 153 y en Compostilla 160, ha indicado Casas, que ha añadido que para los empleados con mayor edad se podría pactar un plan de salidas no traumáticas. En cuanto al personal auxiliar, que no depende directamente de Endesa, ha dicho que se les quiere hacer partícipes del plan de desmantelamiento, que obligará a ampliar en entre 130 y 140 personas el personal para dedicarlo a estas tareas, con puntas de hasta 200 personas en las fases álgidas de las labores de desmantelamiento.
Respecto a las alternativas de actividad para esas zonas, Casas ha indicado que podrían ser energías renovables, si existe recurso renovable en esas zonas, y si no, la compañía está pensando y trabajando en otras actividades alternativas, que dará a conocer cuando se presente formalmente la solicitud de los cierres. Por otra parte, ha señalado que, en cuanto a las centrales que utilizan carbón importado, en el caso de Endesa la de Litoral, en Almería, y la de As Pontes, en La Coruña, éstas son necesarias para permitir la seguridad del suministro.
Ha indicado que debería mantenerse una “generación térmica posgarantía” en 2020, “tanto convencional como nuclear”, y ha destacado la importancia de que exista un sistema de mecanismos de pagos por capacidad para mantener una garantía de respaldo mientras se desarrollan sistemas de almacenamiento de energía.
En el caso de la energía nuclear, ha recordado que Endesa plantea la operación de sus plantas a largo plazo y le gustaría que se extendiera su vida útil más allá de los 40 años.
En su opinión, la energía nuclear debería mantenerse o incrementarse, siempre que se den las suficientes garantías de seguridad de estas instalaciones, porque no genera emisiones, sino que, por el contrario, ayuda a solucionar ese problema y ha manifestado que “el objetivo último de reducción de emisiones debería estar por encima del cierre de la energía nuclear”.
Por otra parte, ha apostado por una reforma fiscal medioambiental que no penalice el consumo de electricidad, a fin de que los costes no sean una barrera para aquellos que quieren electrificar sus casas o comercios. Ha recordado que en la actualidad los consumidores eléctricos asumen al 100 % el coste de la instalación de renovables y considera que eso debe también cambiarse en la reforma fiscal medioambiental.
También se ha referido al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y a la polémica que ha suscitado que se exija a las estaciones de servicio tener puntos de recarga eléctricos, y ha recordado que las gasolineras son una distribución de servicio público, con lo que tendrían que asumir, al igual que los distribuidores de energía eléctrica, obligaciones de servicio público.
EFEverde
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