Madrid.- Los vecinos de As Conchas (Ourense) se han cansado de esperar. Más de un año después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenara a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a sanear y mantener el embalse, los habitantes del lugar han presentado una demanda para solicitar la ejecución forzosa de la histórica sentencia. Lo han hecho, además, después de que la contaminación haya llegado a Portugal.
Según ha informado la federación de consumidores y usuarios CECU este jueves en un comunicado, pese a que han pasado varios meses desde que la sentencia es firme, las medidas exigidas por el TSXG continúan sin aplicarse y se siguen registrando episodios de cianobacterias tóxicas y contaminación en el embalse de As Conchas, entre los municipios deLobios y Muíños.
La contaminación no queda aquí, sino que «existen indicios» aguas abajo, después de que se hayan observado estos episodios en la presa portuguesa de Lindoso.
Por ello, los vecinos, con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y CECO, han presentado una demanda de ejecución para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia en firme mediante «la adopción de las medidas necesarias para restaurar el medio ambiente y proteger los derechos fundamentales cuya vulneración ya fue declarada por el tribunal».
«Las administraciones han tenido la oportunidad de cumplir la sentencia voluntariamente. No lo han hecho. Ahora corresponde al tribunal garantizar su ejecución. Porque los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado» ha afirmado la abogada de ClientEarth Nieves Noval.
Las organizaciones recuerdan que la sentencia ya establecía una serie de medidas concretas para sanear y mantener el embalse de As Conchas, como la adopción de una moratoria específica para la concesión de nuevas licencias a las macrogranjas o para ampliar la capacidad de las que ya existen.
El TSXG también pedía impulsar estudios para conocer el alcance de la contaminación ambiental y establecer medidas «para atajarla inmediatamente» y consideraba necesario establecer mecanismos para prohibir el uso del agua del embalse para el baño, la pesca o actividades recreativas
Junto con el cumplimiento de todas estas medidas, los vecinos también han solicitado que se declare A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitrato.
Además, solicitan al TSXG que establezca plazos, responsables e indicadores objetivos de cumplimiento y que las administraciones informen periódicamente sobre las actuaciones adoptadas.
Las medidas concretas que la Justicia gallega establece para recuperar el embalse de As Conchas
Vulneración de derechos fundamentales
Fue el 11 de julio de 2025 cuando la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG declaró que se habían vulnerado los derechos fundamentales de la población, incluido el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación «con el derecho al disfrute de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas».
«Dicha vulneración está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas demandadas (Xunta y Confederación Hidrográfica Miño-Sil), que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno», afirmaba la sentencia.
La sala consideraba constatado «una cantidad superior a 300 macrogranjas» concentradas en la área, que suponen una importante acumulación de estiércol y redunda en la presencia de cianobacterias en el embalse, lo que permite constatar el origen el problema «sin necesidad de un examen pormenorizado de periciales».
El tribunal consideraba que la Xunta de Galicia es responsable por permitir «un incremento excesivo» en la comarca de macrogranjas «sin trasladar el riesgo medioambiental a las empresas destinatarias del beneficio».
Al mismo tiempo, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil es responsable de la inacción «ante un hecho constatable del empeoramiento de la calidad de las aguas desde el año 2011».
Una sentencia histórica
Colectivos ecologistas calificaron entonces de «histórica» la sentencia y aseguraron que el fallo suponía «un antes y un después» en la lucha de los colectivos vecinales, ecologistas y comunidad científica contra la contaminación del agua por parte de la ganadería industrial así como «una oportunidad de caminar hacia una solución del problema».
Además consideraban que el fallo enviaba «un mensaje claro a las autoridades: tienen el deber legal de actuar cuando la salud pública y el medio ambiente están en riesgo». EFE Verde
mnc/
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