Dubái.- Bruno Fortea Miras – El presidente andaluz, Juanma Moreno, cree que sin la controvertida ley que el PP propuso para ampliar los regadíos en Doñana, la Junta de Andalucía y el Gobierno español no habrían logrado el acuerdo anunciado la semana pasada para garantizar la protección de este espacio natural y cerrar el conflicto entre los dos Ejecutivos.
«Probablemente, no habríamos llegado a un acuerdo de esta naturaleza si no se hubiese registrado un proyecto de ley de ordenación del territorio como el que se presentó», aseguró Moreno en una entrevista concedida a EFE durante su participación en la cumbre del clima de las Naciones Unidas, COP28, que se celebra en Dubái (Emiratos Árabes) y a la que también acude como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones.
Pese al rechazo que obtuvo desde el Gobierno español, la Comisión Europea y las entidades ecologistas, Moreno defiende que el proyecto de ley suscrito por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía provocó un «debate» que facilitó el acuerdo entre la Junta y el Ejecutivo central, al visibilizar los problemas de los agricultores en el área de Doñana.
«Había que buscarles una solución como la que se ha encontrado, pero no recibíamos la atención de nadie. Gracias a ese debate, logramos que al final se fijaran tanto las autoridades europeas como del Estado. Yo siempre he tenido la puerta abierta al diálogo», sostuvo.
La ley propuesta por el Gobierno andaluz, y que ahora decae con el acuerdo firmado, preveía autorizar nuevas zonas de cultivos en la Corona Norte del parque nacional de Doñana, muy amenazado por la sequía y por la extracción ilegal de sus aguas subterráneas para, sobre todo, destinarlas al uso agrícola.
Ecologistas y aricultores
Moreno subrayó que los expedientes sancionadores y los juicios contra los agricultores que hayan extraído agua de forma ilegal «van a seguir su curso», pero rechazó las críticas de las ong ecologistas por las ayudas económicas que contempla el acuerdo, con el objetivo de que los agricultores afectados integren al parque natural sus cultivos o bien los conviertan en explotaciones ecológicas o de secano.
Greenpeace, por ejemplo, lamentó que las ayudas puedan acabar beneficiando «a quienes roban agua», mientras que, a juicio de Ecologistas en Acción, el pacto trata de solucionar «la deplorable situación del robo de agua en Doñana (…) con cuantiosos pagos directos provenientes de fondos públicos».
Según Moreno, los grupos ecologistas «tienen que entender que para llegar a esta solución hay que buscarle una alternativa a cientos de familias, que es lo que se ha encontrado con este buen acuerdo».
Además, destacó que, con el pacto alcanzado, «el (agricultor) que lo ha hecho bien» también «tiene la posibilidad de empezar de nuevo una actividad agrícola, pero en otras zonas que son menos nocivas para el parque».
Para Moreno, el acuerdo también acaba con «la situación de alegalidad y anormalidad» en la que, según dijo, vivían los agricultores de la zona que quedaron fuera de la regularización establecida por el Plan de la Fresa de 2014 y que, en su opinión, «tenían una serie de derechos históricos».
El presidente andaluz considera que todos los actores implicados deben congratularse por el acuerdo de Doñana, que él ve como una «solución eficiente y audaz» que permitirá mantener empleos en municipios «cuyo único sostén es la agricultura».
«Aquí hemos tenido que ceder todos: el Estado, la Junta, los agricultores, los ecologistas, etc. Pero eso es lo importante, creo que España está necesitada de grandes acuerdos en beneficio del interés general, y este es uno», aseveró. EFEverde.
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