La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado el texto de un proyecto que establece la directrices para el pago de compensaciones a productores rurales, indígenas y comunidades tradicionales que fomenten la preservación del medioambiente.
La medida, que ya fue aprobada por el Senado y depende ahora de la sanción del presidente, Jair Bolsonaro, visa reforzar la protección forestal en el país, en medio del salto en los niveles de deforestación registrado este año en diversos biomas brasileños.
Por 298 votos a favor y 2 en contra, los diputados avalaron este lunes la creación de la llamada Política Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, cuyo objetivo es auxiliar a los productores rurales, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales a “conservar áreas de preservación” mediante una política de estímulo.
El programa estará enfocado en las acciones de “mantenimiento, recuperación o mejoría de la cobertura vegetal” en áreas prioritarias para la conservación, así como en el combate a la “fragmentación de hábitats y en la formación de corredores de biodiversidad y conservación de los recursos hídricos”.
Protección de ecosistemas
El instructor del proyecto, Arnaldo Jardim, del partido Cidadania, afirmó que el sistema de compensaciones abre paso para que buenas prácticas sean reconocidas y remuneradas, además de contribuir para la solución de “cuestiones ambientales importantes”.
“La decisión de proteger esos ecosistemas es, ante todo, una elección ética”, destacó Jardim al recomendar la aprobación del proyecto.
Compensaciones
El sistema de compensaciones, entre ellas la financiera, para la recuperación de áreas destruidas ya está previsto en el Código Forestal brasileño de 2011, pero el proyecto aprobado este lunes detalla y establece las políticas de incentivo a la preservación ambiental.
“El pago por servicios ambientales constituye un instrumento complementar a la legislación actual y tiene la intención de reconocer iniciativas sostenibles”, agregó Jardim.
El texto también prevé, además de pagos financieros, otras clases de compensaciones, como la emisión de certificados de reducción de emisiones por deforestación, comodatos y la concesión de “títulos verdes” para la captación de recursos para proyectos de sustentabilidad en zonas protegidas, entre otros.
Deforestación
La aprobación del proyecto se produce en un momento en que la deforestación en Brasil, sobre todo en la Amazonía, alcanzó su mayor nivel en la últimas décadas.
Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación en la selva amazónica aumentó un 9,5 % frente al periodo anterior y registró su mayor nivel desde 2008, según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).
En números absolutos, el área devastada en el bioma tropical llegó a los 11.088 kilómetros cuadrados en el último año, una cifra que las organizaciones medioambientales atribuyen, en parte, a la retórica antiecologista de Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la región.
El aumento de la devastación de la Amazonía y otros ecosistemas brasileños ha llevado a algunos países europeos a amenazar con no ratificar el acuerdo de libre comercio firmado el año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Asimismo, ha provocado la reacción de millonarios fondos internacionales y grandes empresas privadas que han advertido al Gobierno de un descenso dramático en las inversiones al país si no hay compromiso real de protección del medioambiente. EFEverde
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