Zaragoza.- La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha expresado su rechazo a la unión de las estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya y sus dudas para la unión de Astún y Candanchú, que ve “discutible”, porque desoye lo que la Ciencia dice sobre la evolución del cambio climático, entre otros argumentos, por los que reclama al Gobierno de Aragón, a la Diputación Provincial de Huesca y a Aramón que “recapaciten”.
El cambio climático “es más rápido”
Ecodes apunta en un comunicado que estas administraciones públicas promotoras del proyecto se “equivocan”, entre otras razones porque el cambio climático es “más rápido” y porque se opta por “desempolvar un viejo proyecto muy discutible hace décadas y totalmente extemporáneo en la actualidad”, cuando todos los sectores económicos, desde el automovilístico al agrario, están “reinventándose y adaptándose a los nuevos escenarios climáticos”.
Agregan además que el proyecto de unión de estaciones concentra los recursos en un sector turístico “muy amenazado” por el cambio climático y deja sin recursos de ayuda al conjunto del sector turístico aragonés para apoyar su transformación y su mejora, por lo que sería necesario valorar lo que se podría hacer con esos 36 millones de euros y que no se podrá hacer.
Evaluación del impacto ambiental
Ecodes aboga también por que las administraciones que lo impulsan realicen previamente una “evaluación rigurosa” del impacto ambiental, económico y social” del mismo, dada su dimensión, y recuerda que durante décadas no se ha hecho con dinero del Gobierno de Aragón, lo que podría suponer que los distintos ejecutivos “no vieron proporcionada la inversión con los resultados previstos”.
A su juicio, tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación de Huesca van a “perder crédito” ante la Comisión Europea por promover un proyecto que conculca el fondo y la forma de los fondos Next Generation, destinados a la recuperación económica sólida, inclusiva y resiliente y pensados para diversificar el turismo hacia iniciativas más sostenibles y para desestacionalizarlo, lo que además, advierten, abre una puerta al “riesgo financiero” al alejarse de la finalidad de esos fondos y a la posibilidad de que desde Europa se pidiera la devolución del dinero.
Ecodes recuerda que siempre ha estado muy próxima a las necesidades de la montaña, por lo que lamenta que se vayan a emplear recursos públicos en una dirección “equivocada” e insta a recapacitar a las administraciones impulsoras del proyecto.
Firma del acuerdo marco
No obstante, el proyecto ha dado este martes un paso más hacia su ejecución con la firma del convenio de colaboración entre el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, la presidenta del Consejo de Administración de Aramón, Marta Gastón, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y el director general de la estación de Astún, Jesús Santacruz.
Según las esitmaciones de Aramon, la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal costará 34 millones de euros, 29 de fondos europeos y el resto del Gobierno de Aragón, estará lista a finales de 2025 y en sus primeros tres años tendrá un impacto de 50 millones al año y un aumento en el número de esquiadores de 125.000, un 9 por ciento, según las estimaciones de Aramon.
Una firma que ha sido el primer acto tras su alta hospitalaria el jefe del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha defendido que la unión de estaciones supone cumplir “casi un sueño” en el objetivo de fortalecer al sector de la nieve y su competitividad, ya que una vez concluido, con la suma de Candanchú y Panticosa, se situará en el puesto once en el mundo en kilómetros esquiables y a la cabeza en España.
Así, ha insistido en que es difícil encontrar un proyecto en Aragón que concite tanto apoyo social y político y que supone cumplir un anhelo del territorio, en el que además del paisaje, hay que proteger “el paisanaje” con inversiones para generar empleo y asentar población, hacer de las montañas de Aragón un polo de atracción turística y revertir la tendencia a la “decadencia” a la que estaban llamadas.
Ha concretado que supondrá una inversión de 34 millones, 29 de ellos procedentes de fondos europeos y el resto aportados por el Gobierno de Aragón, y que el proyecto lo liderará y licitará la Diputación Provincial de Huesca.
Al Gobierno de Aragón le corresponderá la declaración de interés autonómico y el Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), este último a cargo del Departamento de Ordenación del Territorio que dirige José Luis Soro, de CHA, uno de los socios del cuatripartito que al igual que Podemos se opone a la unión de estaciones.
Judicialización del proyecto
No obstante, Lambán ha insistido en que es una de las discrepancias pactadas en el seno del Gobierno y ambos partidos han mostrado lealtad. Tampoco le preocupa que los colectivos ecologistas que lo rechazan puedan judicializar el proyecto porque desde el punto de vista medioambiental, ha remarcado, es “imbatible” y ajustado a la ley y al “sentido común”.
Por su parte, la presidenta de Aramon y consejera de Economía del Gobierno, Marta Gastón, ha afirmado que con la firma del convenio está más cerca el proyecto, que se ha elaborado con “mimo” y “delicadeza” con el fin de garantizar el futuro y las oportunidades en el territorio, y ha detallado que las estaciones estarán unidas con telecabina por cable de 4,3 kilómetros que las conectará en 14 minutos y podrá trasladar 2.400 esquiadores cada hora.
En los aspectos ambientales ha ahondado especialmente el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, quien ha defendido la sostenibilidad de la unión de estaciones con una instalación que conlleva su reversibilidad y basada en emisiones cero, sin ampliación de dominio esquiable del ya existente.
Al respecto, y para disipar los “fantasmas” que algunos tratan de resucitar ante la opinión pública, Lambán ha asegurado que ni habrá urbanizaciones ni usos “desmedidos” ni explotaciones “abusivas” de ninguna clase del territorio y que hay garantías suficientes para que sea, desde el punto de vista medioambiental, “absolutamente impecable”.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria y Turismo, Arturo Aliaga, ha aseverado que se trata de un proyecto “serio, sólido y sostenible” que pretende crear un destino rural de “mucha fuerza” y que permitirá al sector dar un salto “cualitativo y cuantitativo considerable”.
Por su parte, el responsable de la estación de Astún, Jesús Santacruz, ha hecho hincapié en la necesidad de que el sector crezca para poder competir en igualdad con Andorra, las estaciones catalanas y Sierra Nevada y para poder mantener en los pueblos que dependen de las estaciones servicios y empleos de calidad.
El PORN ya no está vigente
El pasado viernes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, explicó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han determinado que los efectos de protección medioambiental Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Anayet-Partacua para la unión de estaciones en Canal Roya ya no están vigentes.
En el informe se establece el “decaimiento de la vigencia del PORN” porque ha transcurrido el plazo máximo que la legislación ambiental establece para los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, ha comentado Olona, quien ha reconocido que ha esperado hasta el dictamen porque “tenía dudas”.
También ha puntualizado que el tiempo máximo que establece la legislación ambiental incluye la modificación que se hizo en 2014 de la ley de espacios protegidos, que es de dos años, plazo ampliamente superado.
El consejero ha insistido en que “en ningún caso” los valores naturales de Canal Roya quedarán indefensos porque está aprobado el plan de gestión en relación con la Red Natura 2000.
Una reivindicación que viene de lejos
Ya el 2 de julio de 2005, la Federación Aragonesa de Montañismo y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón organizó una travesía de carácter reivindicativo y deportivo a través de los valles de Espelunciecha, Canal de Izas, Canal Roya y Anayet; que, según los organizadores advertían “se encuentran amenazados o ya afectados por obras de gran impacto ambiental, relacionadas con un proyecto de ampliación de estaciones de esquí”. EFEverde
