Ecologistas en Acción ha afirmado este martes que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas “pone a cada cual en su sitio y desvela con rotundidad dónde están las verdaderas responsabilidades en este gigantesco fiasco que ha sido la construcción”.
En una nota, el colectivo ecologista ha defendido que todos sus argumentos “han sido recogidos de forma contundente” en la sentencia, como son que la Junta de Extremadura “nunca debería haber permitido” la construcción, y que la urbanización “es ilegal de principio a fin y deberá demolerse”.
A su juicio, la decisión del TS también supone un “fuerte correctivo” al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), “que intentó evitar la demolición de todas las edificaciones ya concluidas”.
Asimismo, ha destacado que la sentencia concluye que no puede ignorarse que “la actuación de la Junta de Extremadura al aprobar el PIR -Proyecto de Interés Regional- fue contraria a derecho”, ya que obró como si la protección del terreno no existiera “y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara, adoptando una decisión fuera del orden o común modo de obrar”.
Para Ecologistas en Acción, los “duros términos” de la sentencia “dejan claro el enfado” del Supremo “con la muy cuestionable actuación de la Junta”.
[box type=”shadow” ]En este sentido, ha detallado que la sentencia considera que no es admisible alegar imposibilidad material de demolición, como hizo el TSJEx, porque “la responsabilidad económica que pueda resultar para la Administración en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad en la transformación urbanística declarada ilegal y cuya reparación se trata de obtener mediante la ejecución en sus propios términos de las correspondientes sentencias”.[/box]
También ha calificado de “fortísima reprimenda” el hecho de que el Supremo haya apuntado que “procede concluir que, en este caso, no se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición de lo construido y en funcionamiento”.
La organización ecologista espera que la sentencia “contribuya a que se deje de actuar con impunidad y prepotencia en los proyectos urbanísticos”.
Asimismo, ha adelantado que exigirá a la Junta de Extremadura que inicie cuanto antes los trámites para la demolición del complejo urbanístico “que nunca debieron alentar ni permitir”.
Por otro lado, la Junta de Extremadura fijará este miércoles su posición definitiva sobre este asunto, en una rueda de prensa que ofrecerá la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
La portavoz del PP de la provincia de Cáceres, María Guardiola, ha pedido al jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, que haga “todo lo posible” para evitar el derribo porque “el daño económico y social que se provocaría sería irreparable”. EFEverde
