La futura ley de Residuos y Suelos Contaminados se centra en la “sociedad de reciclaje” en lugar de avanzar a la “sociedad de residuo cero”, ha señalado el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, quien califica de “poco ambiciosos” los objetivos de reducción de desechos que contempla la norma.
Carlos Arribas ha comparecido ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, en la que se debate sobre el anteproyecto de Ley de Residuos presentado por la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera la semana pasada.
El representante de Ecologistas en Acción ha señalado que las metas de reducción de residuos en el anteproyecto de ley son poco ambiciosas, ya que marca una disminución de solo el 13 % en 2025 y del 15 % en 2030 respecto a los residuos generados en 2010.
Impuesto al vertido
Arribas ha afirmado que en este anteproyecto “no hay ninguna referencia a la producción limpia” y ha propuesto una solución centrada en la fiscalidad en la que se imponga un impuesto al vertido al igual que ya ha hecho la Comisión Europea.
“Este canon debe ser progresivo en el tiempo”, es decir, avisando previamente a los responsables, y “deben ser finalistas” y permitir modificar la situación actual de los residuos.
En la comisión ha comparecido también el director de la Asociación Española de Recicladores (Repacar), Manuel Domínguez, quien ha explicado que este anteproyecto no aplica el “principio de proximidad”, limita el flujo de residuos que van a eliminación y podría ser “discriminatoria” para aquellas empresas que, dependiendo de su ubicación geográfica, podrían no ver comercializar su material.
Complicaciones que plantea
Asimismo, ha destacado las complicaciones que plantea a la hora de “enviar residuos a otros países”, el requisito señalado en el anteproyecto de “comunicar con tres días de antelación para comercializar con el extranjero”, lo que puede provocar que España no pueda comercializar “libremente” sus residuos y haya un “exceso de material”.
Este requisito está contemplado en el anteproyecto para las empresas privadas, pero no para las públicas, lo que para Domínguez, “es una competencia que no es del todo justa”.
En el año 2020, la recogida de papel y cartón subió un 20 % debido a la pandemia por las compras online, lo que ha provocado, según Domínguez, “un nuevo modelo de generación de residuos”, un hecho que esta Ley “debería permitir que nos sigamos adaptando”. EFEverde
