Ecologistas lamentan la sentencia del Supremo que avala prospecciones en Canarias

En declaraciones a Efeverde, las organizaciones ecologistas han denunciado «presiones» y «poca conciencia ambiental» en la decisión del alto tribunal y han coincidido en apuntar que las sentencias, que rechazan los siete recursos de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida, no impedirán que continúen las acciones legales.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, quien ha asegurado que «únicamente queda respetar la justicia, sabiendo que se ha peleado honestamente, algo que no todos han hecho», ha defendido que la desestimación de los recursos es sólo «el primer escalón de un largo camino» para evitar las prospecciones.

«Es una lucha desproporcionada entre lo civil y un gobierno que pone toda su maquinaria al servicio de una empresa» ha asegurado el portavoz, que espera en los próximos días las reacciones de los cabildos y la sociedad canaria, «que ha recibido un mazazo», mientras la propia organización ecologista estudia vías legales de acción.

«Con la comunidad científica de nuestra parte, queremos confiar en la justicia europea», ha asegurado del Olmo – quien ha recordado la queja ya presentada en Bruselas-, ya que las prospecciones afectarán a uno de los mayores santuarios de ballenas del mundo y convierten «el problema español en europeo».

Así, el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, no se ha mostrado sorprendido por la decisión del Supremo dadas las «evidentes presiones« aunque ha admitido que «el tiempo que han tardado en decidirlo indicaba lo delicado de la situación».

Según el portavoz, el siguiente paso que plantea Ecologistas en Acción es «estudiar la decisión para ver en qué se basa y conocer qué acciones se pueden emprender tanto a nivel legal como de movilización social y en cuanto a sectores afectados como la pesca y el turismo».

Lanzarote y Fuerteventura, «Lugares de Interés Comunitario»

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha criticado que esta decisión del Supremo, que demuestra que se están anteponiendo los intereses de una multinacional frente a los de la ciudadanía y el medio ambiente, «puede sentar precedente y convertirse en una amenaza constante a zonas de altísimo valor natural».

En este sentido, el director de investigación para Oceana en Europa, Ricardo Aguilar, ha apuntado que la sentencia demuestra «la poca concienciación de la política y de los jueces en materia ambiental».

Según Aguilar, las leyes medioambientales en España son «muy flojas» y están consideradas «de segunda categoría», por lo que considera necesario un cambio importante para que se comience a tomar en serio la protección del medioambiente.

«Es una vergüenza cómo el Gobierno está repartiendo permisos de explotación que benefician a unos pocos, mientras el resto de los españoles se arriesga a perder innumerables hábitats esenciales y de gran fragilidad», ha criticado.

El portavoz de Oceana ha afirmado que es necesario seguir trabajando para impedir las prospecciones, pese a la dificultad de enfrentarse a «unos poderes públicos sin conciencia ambiental y a una gran empresa que manda más que los poderes públicos».

Aguilar ha recordado que el proyecto de Repsol interfiere con la declaración de un área marina protegida para cetáceos, los espacios marinos de Lanzarote y Fuerteventura propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y afecta potencialmente a 25 espacios protegidos. EFE