Los ecologistas y los pescadores han asegurado que este fallo les anima a seguir en su empeño de paralizar los sondeos, después de que el Tribunal Supremo adelantara ayer que ha desestimado los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizó a Repsol a buscar hidrocarburos al este de Fuerteventura y Lanzarote.
Con esta finalidad, han registrado en la Delegación del Gobierno en Canarias «la declaración de impacto negativa que todos los canarios hubieran querido», frente al informe favorable que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente.
El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, y el portavoz de Ecologistas en Acción-Ben Magec, Eugenio Reyes, han insistido en que las prospecciones previstas cerca de Canarias son «innecesarias y peligrosas» y amenazan a uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo.
Ambos han abogado por un cambio del modelo energético que pase por «no sacar más petróleo» y apueste decididamente por las renovables.
Barea ha defendido que Canarias es «el Golfo Pérsico de las energías renovables» y ha resaltado que, solo con la aplicación de medidas de eficiencia energética en toda Europa, ya se podrían ahorrar 200.000 millones de euros en el continente y crear 1,4 millones de puestos de trabajo hasta 2020.
El responsable de Greenpeace ha aludido al informe «Petróleo no, ni aquí ni en el Ártico» afirmando que «las compañías que tratan de asaltar» el medioambiente en Canarias «son las mismas que están en el Ártico».
Actos de protesta
Los ecologistas organizarán este fin de semana en Canarias nuevos actos de protesta contra estas prospecciones y en favor de la conservación del ecosistema que, según Barea, «no tiene barreras administrativas» y atesora en las islas 19.000 especies animales y vegetales.
Eugenio Reyes ha recordado que la declaración de impacto ambiental reconoce que, en el caso extremo de un derrame masivo sin las oportunas medidas correctoras, el 6 % del crudo vertido llegaría a las costas de Fuerteventura y Gran Canaria y supondría el «colapso en el abastecimiento de agua de 1,2 millones» de personas (las dos islas dependen de las desaladoras), además de «un cierre patronal inmediato de un destino turístico con playas contaminadas».
El portavoz de Ecologistas en Acción-Ben Magec también ha señalado que, según la misma declaración de impacto ambiental, 32 toneladas de residuos de las perforaciones se verterán al mar y ha añadido que los trabajos entrañan un alto riesgo porque en la zona hay seis volcanes, por lo que podrían «dar con grietas magmáticas».
El patrón mayor de los pescadores de El Hierro, Fernando Gutiérrez ha manifestado que «la democracia está secuestrada por los poderes económicos» y ha criticado que «no se escuche a los pueblos».
Por todo ello, Greenpeace ha instado a que se prohíban en toda España las prospecciones en busca de hidrocarburos y que desaparezcan «las subvenciones a las energías sucias».
Reyes ha asegurado que el fallo del Supremo «no cierra la vía del expediente, ya que la declaración de impacto ambiental sigue abierta» y ha recordado que la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria emitirá en breve un informe que se podría recurrir ante el mismo tribunal, augurando una «batalla jurídica larga», que podría incluir la petición de suspensión cautelar de los sondeos y cuantas demandas civiles por daños a bienes económicos y lucro cesante que se quieran interponer. EFEverde
