El fiscal de medio ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha demandado que se modernice la Justicia, porque, en caso contrario, “la delincuencia organizada se escapa”.
García Ortíz se manifestó, en entrevista en la Ser, partidario de que se modifique la ley de enjuiciamiento criminal, para que los procesos no se demoren en el tiempo, como ha ocurrido con la causa del Prestige.
En declaraciones a la cadena SER, el fiscal aseguró que el actual procedimiento solo es útil para pequeños delitos, lo que se llama “delincuencia de bagatela”, pero consideró que en los procesos complejos de delincuencia organizada, en este caso ambientales, procesos de corrupción incluso, es necesario “entender que no son delitos de 1.870, que es de cuando data la ley de enjuiciamiento criminal”.
“Es otra delincuencia y debemos dotarnos de instrumentos o esta delincuencia se nos escapa”, insistió.
El también portavoz de la Unión Progresista de Discales reivindicó una policía adscrita propia, dependiente de los órganos que dirigen la investigación e independiente del poder ejecutivo.
El fiscal se refirió a la figura del imputado y señaló que se trata de una persona sobre la que hay sospechas de que ha cometido un delito, pero distingue entre la persona que es llamada para personarse en un proceso con todas las garantías y la persona contra la que hay pruebas directas o una actuación pública de la propia fiscalía.
Por ello, García Ortíz apuesta por modificar la consideración de imputado, ante la carga de reproche social y desgaste personal que conlleva.
El juicio del Prestige
Ante el final del juicio del Prestige para el próximo miércoles, después de más de 10 años, apuntó que es la vista más complicada a la que se ha enfrentado y agregó que “la satisfacción es difícil de decir cuando llevamos tantos años con un asunto al que nunca dábamos salida. La Justicia ha tardado 10 años, la satisfacción es relativa”.
Sobre las acusaciones en este caso, afirmó que no desea “que el capitán siga un día más privado de libertad; es un presupuesto ante una persona de 77 años, 10 años después del accidente” y añadió que “hay que valorar además la dignidad con que los acusados afrontaron el proceso, han tenido un comportamiento ejemplar”.
En su opinión, “la respuesta penal de privación de libertad es desproporcionada, pero la técnica penal nos lleva a hacer esa petición de penas”, con concluyó. EFEverde
