Almería/Madrid.- Tanto el alcalde de Carboneras (Almería) como las organizaciones ecologistas Greenpeace y Salvemos Mojácar han vuelto a poner el futuro de El Algarrobico en manos de la justicia, después de que el pleno del Ayuntamiento de la localidad almeriense haya aplazado hasta el 22 de junio la votación sobre la nulidad de la licencia del hotel.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que volver a tomar la iniciativa en este caso, han coincidido, pero Salvemos Mojácar ha ido más allá al anunciar la presentación «inmediata» de una querella criminal por prevaricación contra los concejales del Ayuntamiento de Carboneras que han votado a favor de aplazar la anulación de la licencia.
En el pleno municipal de este miércoles, el concejal no adscrito Felipe Cayuela, exalcalde del PP, ha propuesto no votar la nulidad hasta contar con más información y ha recabado el voto favorable de los cinco ediles del PSOE y la edil popular Ángeles Carrillo.
En contra han votado el alcalde, Salvador Hernández (Cs), tres de los cuatro concejales del PP que forman parte de su equipo de gobierno y la no adscrita Ana María Caparrós.
Cayuela ha solicitado la incorporación de un informe económico-financiero por parte de la intervención municipal, así como de otro que analice la «eventual concurrencia de responsabilidades» de otras administraciones públicas.
Tras esta decisión, el alcalde ha dejado en manos del TSJA los próximos pasos a seguir.
«Hasta donde llegan mis capacidades, he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJA dictaminará lo que considere oportuno», ha afirmado Hernández, que ha delegado en el tribunal la responsabilidad de desatascar la situación.
Organizaciones ecologistas
Greenpeace ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que asuma directamente la anulación de la licencia de obras y dé traslado a la Fiscalía.
La organización denuncia que el aplazamiento supone «un reiterado y palmario incumplimiento de la sentencia» del propio Tribunal y le insta a actuar de urgencia empleando dos vías legales complementarias: por un lado, que «se deduzca testimonio de particulares» y «se dé traslado a la Fiscalía para exigir la responsabilidad penal a que hubiera lugar» por la no ejecución de la resolución; y por otro que «sea la Sala la que tramite el expediente de nulidad» y «ejecute la sentencia correspondiente».
Además de anunciar una querella contra los concejales que han votado por el aplazamiento, Salvemos Mojácar ha exigido a la dirección del PSOE que abra expediente y expulse de forma inminente a sus cinco ediles en la corporación municipal, cuyo respaldo ha sido clave.
La entidad entiende que posponer la declaración de nulidad bajo el pretexto de requerir nuevos informes económicos y jurídicos constituye «una desobediencia inadmisible y un acto de prevaricación manifiesta».
Para la asociación, que fue impulsora de las primeras paralizaciones judiciales de la obra hace dos décadas, lo ocurrido en la corporación representa una «obscena vulneración de la legalidad» y pone al descubierto «la absoluta falacia del PSOE y de los anuncios del Gobierno sobre su voluntad de derribo del hotel».
Salvemos Mojácar ha reclamado la convocatoria «de urgencia» de un nuevo pleno municipal para corregir lo que califican de «bochornoso espectáculo».
En paralelo, ha manifestado su esperanza de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA actúe de inmediato para «castigar» esta desobediencia institucional.
El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), consultado por EFE, no se ha pronunciado sobre la decisión tomada por el Ayuntamiento almeriense.
El hotel, de 21 plantas, comenzó a construirse en 2003 en terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras, a 14 metros del mar. Las obras se paralizaron en 2006 por orden judicial. EFE Verde
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