El Gobierno argentino pretende abordar en los próximos días la reforme de la Ley de Glaciares, una iniciativa muy criticada por las organizaciones ecologistas y que incluso suscita dudas sobre su constitucionalidad.
Según un comunicado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta al Congreso advirtiendo que el proyecto del Ejecutivo para reformar la Ley de Glaciares, que se debatirá en sesiones extraordinarias, es inconstitucional y regresivo porque reduce protecciones vigentes y vulnera los presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución argentina.
Señalan que la iniciativa, que podría llegar al Senado esta misma semana, permite a cada provincia decidir qué glaciares y ambientes periglaciales proteger, lo que desmantela el enfoque nacional, vacía de contenido el Inventario Nacional de Glaciares y pone en riesgo el agua dentro y fuera de cada jurisdicción, generando desigualdades y potenciales conflictos interprovinciales.
Citan además la doctrina de la Corte Suprema que ratifica el carácter operativo de los presupuestos mínimos ambientales y alertan que el cambio sentaría un precedente peligroso para todo el andamiaje de leyes ambientales.
La ley vigente, aprobada hace 15 años, establece un base nacional de protección de glaciares y ambiente periglacial, crea el inventario y prohíbe actividades que puedan afectarlos, en especial minería e hidrocarburos.
Según esta organización, Argentina tiene cerca de 17.000 masas de hielo, pero su superficie se redujo un 17% en la última década, en línea con la pérdida acelerada de hielo global (estudio en Nature 2025).
Organizaciones como FARN, Greenpeace, Aves Argentinas, AAdeAA–CAJE y Jóvenes por el Clima rechazan cualquier cambio que debilite la ley, advirtiendo que no traerá desarrollo sostenible sino mayor vulnerabilidad climática, pérdida de agua, impactos sociales y costos económicos crecientes.
