Santander (EFEverde).- El presidente regional, Ignacio Diego, ha considerado hoy que “ninguna evaluación de impacto ambiental puede garantizar la absoluta inocuidad” de la técnica de la fractura hidráulica en un territorio como el de Cantabria, debido a sus “singularidades”.
“Me temo que ninguna evaluación ambiental, y hablo como político, no como técnico experto, puede garantizar la absoluta inocuidad de esta técnica en una comunidad como Cantabria”, ha manifestado el presidente al inaugurar un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que analiza la normativa aplicable a los proyectos de fractura hidráulica.
Cantabria, su Gobierno ha tratado de ser “sensible” a lo que piensa y siente la mayoría de la ciudadanía.
“La ciudadanía de Cantabria de manera muy mayoritaria está seriamente preocupada por esta materia”, ha apuntado el presidente, para quien un gobierno “tiene la obligación de ser sensible a ese tipo de preocupaciones”.
Diego ha añadido que esa normativa de Cantabria se promovió tras recabar toda la información y con las opiniones de expertos a favor y en contra sobre la mesa del Consejo de Gobierno.
“Analizamos todo lo que en nuestras manos caía, consultamos a expertos, pedimos opiniones a personas de reconocido prestigio, y escuchamos también el sentir de la ciudadanía de Cantabria”, ha apostillado.
Según ha dicho el presidente, le gustaría que esa decisión de su Ejecutivo “fuera considerada como un ejercicio de responsabilidad” y ha precisado que “no fue fácil” adoptarla.
Diego ha puntualizado que respeta y “comparte” la política nacional para tratar de reducir la dependencia energética de España, pero opina que se tendrían que valorar las “singularidades” de regiones como Cantabria a la hora de valorar la fractura hidráulica.
El presidente se ha referido así a la red de cavidades subterráneas que hay en la región, a sus recursos hídricos, a su paisaje que “se convierte en atractivo turístico”, o a la dispersión de la población.
Para Diego, precisamente por esas “singularidades”, en Cantabria se “multiplican los riesgos” de una técnica que “quizás” se pueda llevar a cabo en otros lugares.
“No quisimos mirar a otro sitio, sino afrontar el problema con todas las consecuencias que ello conlleva, y nuestra decisión fue oponerse a la práctica del ‘fracking'”, ha afirmado.
Aunque la ley cántabra para prohibir el ‘fracking’ ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, para Diego y su Ejecutivo, la legislación que regula el suelo y los planes generales de los ayuntamientos podrían impedir que se aplique esa técnica.
Y por eso hace unos días se convocó a los 102 alcaldes de Cantabria en el Parlamento para que firmaran una declaración institucional contra la fractura hidráulica en la comunidad autónoma.
El Gobierno regional va a remitir esa declaración al Estado y a las empresas con intereses en esta materia, para que conozcan la postura de la ciudadanía cántabra expresada en ese acto en el Parlamento.
Tras el presidente regional, en este foro ha hablado Luis Pérez de Ayala, del despacho Cuatrecases, Gonçalves Pereira, quien ha incidido en la “escasez normativa” sobre fractura hidráulica.
A su juicio, las comunidades que optaron por prohibir la fractura hidráulica “no se equivocaron” en ese momento, sino que su decisión se vio “sobrepasada”. Y en el caso de Cantabria, la primera que legisló en ese sentido, “había al menos margen para la discusión jurídica”.
Pérez de Ayala piensa que si una comunidad autónoma no quiere ‘fracking’ “va a ser difícil que lo tenga”, pues si hay una “oposición radical” de la Administración los proyectos podrían ralentizarse años y, según indica, las empresas lo tienen en cuenta.
Y el geólogo responsable de exploración de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Juan García Portero, ha matizado que con un permiso de investigación no se podría “vender” ni “agotar” el recurso.
Según ha explicado, con ese tipo de permiso solo se podría estudiar la rentabilidad del yacimiento, y en caso de querer dar un paso más habría que buscar otra figura, una concesión de explotación. EFE
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