Con un coste inicial de 1.103.005.582 euros (más el IVA del 16 % incluido en 2002), el Segarra- Garrigues «es la mayor inversión realizada en Cataluña después del tren de Alta Velocidad», explica la PDE.
Según subraya la PDE, la Generalitat de Cataluña asume al 100 % los gastos de concentración parcelaria y la red de distribución a pie de finca y un 50 % de la red de transporte -el otro 50 % corre a cargo del Estado-.
Indirectamente, además, la Generalitat también financia las inversiones para la distribución de riego en cada parcela (aspersores, pivotes, goteos, etc) a través de una línea de crédito especial en entidades financieras del Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA) , además de otras ayudas a fondo perdido incluidas en el contrato global de explotación.
El canal Segarra-Garrigues
En un principio, el canal Segarra-Garrigues planteaba la puesta en regadío intensivo de cerca de 70.000 hectáreas, pero dado que la zona afectada tiene un gran valor ambiental como zona esteparia, la Comisión Europea, a través de diferentes denuncias y procedimientos de infracción, aumentó la superficie de zonas ZEPA hasta cerca de 60.000 hectáreas.
Sin embargo, el proyecto «en ningún momento se ha redimensionado para adaptarse a este cambio de usos del suelo, que a la vez también provocarán una reducción de necesidad de recursos hídricos», lamenta la PDE.
La denuncia de la Plataforma en Defensa del Ebro alerta a la fiscalía, entre otras cosas, sobre la «puesta en marcha de zonas de riego en zonas ZEPA que vulneran la directiva de hábitats», y la «viabilidad ambiental del proyecto y las afecciones que este caudal tendrá en espacios naturales de la Cuenca del Segre, Noguera Pallaresa y Delta del Ebro».
También, «la afección a las aguas subterráneas y superficiales, la viabilidad económica del proyecto y de la explotación de regadío, la carga financiera que esta obra representa para la Generalitat de Cataluña y el destino final del agua del Segarra- Garrigues».
La PDE sostiene que «el sobrecoste de la instalación y explotación unido al sobredimensionamiento tanto en la infraestructura como en la reserva del recurso generará un excedente de agua que los usuarios podrán vender a otros usuarios con mayor capacidad de pago, como puede ser el abastecimiento metropolitano de Barcelona», lo que supondría un trasvase entre dos cuencas diferentes como son la del Ebro y las internas de Cataluña. EFEverde
