La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado ha aprobado hoy el dictamen del proyecto de ley de Responsabilidad Medioambiental que pasará al Pleno de la Cámara Alta sin ningún cambio respecto al texto que salió del Congreso de los Diputados el mes pasado.
Con 15 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley pasa así a su próximo debate y votación plenaria en el Senado.
La Comisión no ha admitido ninguna de las 50 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto, Socialista, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya y Convergencia i Unió, ni tampoco los cuatro vetos planteados por el Grupo Mixto (2), Entesa y el Socialista.
Uno de los principales puntos de discusión de la norma es la exención a pequeñas y medianas empresas del llamado seguro “verde”.
En la defensa de las propuestas de veto el portavoz de Entesa Joan Laporta ha pedido la devolución de esta ley porque más que una modificación de responsabilidad “parece de irresponsabilidad” y, además, “no da respuesta” a la propuesta del Consejo de Estado de “internalizar los costes medioambientales para un desarrollo más sostenible”.
El senador socialista Miguel Fidalgo ha señalado que esta ley se aleja de las políticas europeas y que “pretende rebajar los costes que tienen las empresas para su actividad a costa del medioambiente”.
La senadora popular Patricia Navarro ha rechazado los 4 vetos, porque su Grupo rehúsa “los discursos apocalípticos y catastrofistas cada vez que este Gobierno quiere cambiar o poner en marcha una normativa ambiental”.
Norma más simple
Además, ha añadido que el Gobierno plantea con esta reforma “impulsar esta normativa, reforzar sus aspectos preventivos y simplificarla para mejorar su aplicación” y que “nadie está exento de responsabilidad”, porque todos los operadores están obligados a “prevenir y reparar los daños medioambientales”.
En la defensa de las enmiendas la senadora del grupo mixto Sandra Domínguez ha hecho hincapié en que se trata de una ley que “no deja del todo claro las competencias autonómicas” cuando sus intereses puedan verse afectados.
El senador socialista Fidalgo ha destacado que “la realización de los análisis de riesgos debe ser obligatoria” y que es “inadecuado que sea el promotor el que fije la fianza y la cuantía de la misma”.
Fidalgo ha introducido otras tres enmiendas nuevas en su intervención “para mejorar la ley”, como la relativa al “fracking” para que “mientras no haya informes científicos” sobre su impacto “se suspenda la actividad de fracturación hidráulica” y otras dos relativas a la protección de la salud.
El senador popular Pablo Elena ha insistido en que será un sistema eficaz y de fácil aplicación y que “amplía su ámbito de aplicación para cubrir posibles daños a las aguas marinas“.
