Lourdes Uquillas.- Madrid- Los Estados miembros de la UE no han podido ponerse de acuerdo sobre la adopción de la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) que obligaría a las grandes empresas a compensar y mitigar los riesgos ambientales y sociales de sus actividades. La propuesta no ha prosperado después de que Alemania, Francia e Italia expresasen reticencias sobre el texto ya acordado con la Eurocámara.
Expertos consultados por EFEverde consideran que se trata de un «error colosal» y piden un nuevo compromiso en el escaso tiempo que queda hasta la convocatoria de las próximas elecciones europeas.
La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas, por lo que es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales.
Los países miembros del Consejo de la Unión Europea no lograron ponerse de acuerdo este miércoles sobre la Directiva y si no llega nuevamente a la mesa de discusión tendrá que esperar, seguramente, a después de los comicios europeos del próximo junio y a la presidencia húngara de la UE en el segundo semestre de este año liderada por el conservador Víktor Orbán.
La Directiva no ha tenido la misma suerte que la Ley de Restauración de la Naturaleza que salió adelante esta semana a pesar de las presiones del partido minoritario alemán FDP que ha bloqueado la votación sobre Diligencia Debida.
El texto propuesto por la Comisión Europea en 2022, fue acordado entre los Gobiernos y el Parlamento Europeo en diciembre al final de la presidencia española de la UE, pero faltaba el paso por el Consejo, donde Alemania, Francia e Italia finalmente lo han bloqueado.
La situación geopolítica mundial y los conflictos de Ucrania y Oriente Medio pueden haber influido en la decisión de hoy tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó este miércoles que propondrá en las próximas semanas impulsar compras militares conjuntas dentro de la primera estrategia industrial comunitaria de defensa, han explicado las fuentes consultada.
Enfado del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo mostró su enfado con los Estados de la Unión Europea por no haber aprobado la directiva que obliga a las grandes empresas a mitigar su impacto medioambiental y social y les urgió a acabar con el «postureo político» y desbloquear la norma.
«El fracaso de los Estados miembros a la hora de aprobar este acuerdo es una atrocidad. Esta ley debería ser una referencia global para que las empresas rindan cuentas e incentivar un comportamiento responsable», dijo en una rueda de prensa la responsable de la directiva en la Eurocámara, la eurodiputada socialista holandesa Lara Wolters.
Wolters recordó que el texto que tenían sobre la mesa los embajadores es fruto de más de dos años de negociación durante las cuales los Estados pudieron hacer sus aportaciones, por lo que «dar marcha atrás en sus compromisos y venir con más demandas muestra un flagrante indiferencia por el Parlamento como colegislador y mina la confianza necesaria para lograr acuerdos», algo «muy preocupante».
«Todavía hay tiempo de que los Estados miembros se comporten como es debido y dejen de bloquear la ley, pero el tiempo se está agotando rápidamente. El momento del postureo político se ha acabado, es hora de ser serios con los ciudadanos», comentó Wolters, recordando que se aproximan las elecciones europeas de junio.
Preguntada sobre si sería posible lograr un acuerdo y bajo qué premisas, la eurodiputada insistió en que los Estados tienen que explicar al Parlamento Europeo qué quieren, puesto que por el momento no han trasladado «propuestas políticas concretas», y aseguró que si las reciben, las estudiarán «de manera constructiva». EFEverde
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Berlín anunció a principio de este mes que se abstendría en la votación para aprobar el acuerdo pese a que había dado su visto bueno el pasado diciembre, lo que llevó a otros Estados como Italia a reconsiderar su postura a favor de la abstención, de modo que la presidencia belga decidió el 9 de febrero posponer el debate para intentar lograr la mayoría cualificada necesaria.
Finalmente, los embajadores de los Veintisiete abordaron la cuestión pero fue imposible lograr apoyo suficiente para sacarla adelante, según informó en la red social X la presidencia belga del Consejo de la UE.
WWF: duro golpe a la credibilidad de la UE
«El sabotaje y el aplazamiento de última hora de esta nueva normativa por parte de los Gobiernos de la UE no sólo desprecian las vidas, las comunidades y los ecosistemas afectados por las prácticas empresariales destructivas, sino que también asestan un duro golpe a la credibilidad de la UE como legislador. Es escandaloso que, en el siglo XXI, ciertos legisladores europeos permitan que las empresas ignoren los derechos humanos y la integridad medioambiental, todo bajo el pretexto de obtener beneficios a corto plazo. Seamos claros: la ley no supondría una carga burocrática innecesaria para las empresas. Por el contrario, establecería un marco jurídico común, garantizando la igualdad de condiciones y ayudando a las empresas a navegar por las transiciones en curso y necesarias de una manera informada y responsable», ha indicado Uku Lilleväli, responsable de Políticas de Finanzas Sostenibles de la Oficina de Política Europea de WWF.
Desde la Environmental Justice Foundation (EJF) «lamentna» que los Estados miembros de la UE no hayan podido ponerse de acuerdo sobre la adopción de la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por su nombre en inglés).
El director general y fundador de EJF, Steve Trent, sostiene que: «El hecho de que el Consejo de la UE no haya dado luz verde a la Directiva es un paso en error colosal. Esta ley crucial ha sido objeto de negociaciones maratonianas entre los 27 Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, por lo que es vergonzoso que se haya bloqueado en el último momento».
Un bloqueo, según Trent, propiciado principalmente «a los intereses políticos del partido minoritario alemán, el FDP». «No adoptarla es una traición a los consumidores y las empresas, a los derechos humanos, a nuestro planeta y a las generaciones futuras», asegura. La decisión no ha prosperado «a pesar de las voces de la industria que reclaman la igualdad de condiciones que proporcionaría la Directiva en todo el bloque», ha añadido.
Medidas para las empresas
La Directiva recoge una serie de normas, medidas y herramientas que las grandes empresas deberían poner en práctica para el respeto de los derechos humanos, ambientales, sociales (de los consumidores) y de las propias empresas al desarrollar sus actividades tanto dentro como fuera de las fronteras europeas e involucran a la cadena de empresas subsidiarias, subcontratistas, proveedores o actores con los que trabajen.
Con esas herramientas o medidas las multinacionales pueden identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos y rendir cuentas de sus actividades productivas.
Desde la Environmental Justice Foundation (EJF) ha explicado a EFEverde que la directiva tras pasar el filtro del trílogo (Consejo, Comisión y Parlamento europeos) se había estancado por la postura de Alemania.
LSegún el acuerdo bloqueado, la directiva se aplicaría a empresas de la UE y sus filiales con más de 500 empleados y una facturación anual global superior a 150 millones de euros, así como a empresas con 250 empleados y más de 40 millones de euros en facturación en sectores de alto riesgo.
Órganos e instancias de control
El investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y doctor en ciencias químicas Pedro Ramiro asegura a EFE que: la directiva «no es eficaz, porque se requieren otros mecanismos mucho más eficaces que no dependan de la unilateralidad del plan de riesgos, que respondan a otra serie de requerimientos».
Además, asegura que es necesario que haya «órganos o instancias de control y seguimiento públicas y que no sea solo el Estado el vigilante». Se necesita que haya una inspección pública multipartita en la que participen una serie de actores sociales que sirvan para controlar los abusos de las grandes compañías, ha expresado
Lucía Bárcena, coordinadora de proyectos en Transnational Institute (TNI), ha subrayado la importancia de la directiva en stand by, cuyos temas también estarán en la mesa de discusiones de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reunida en Abu Dabi estos días.
Aunque es poco habitual llegados a este punto del proceso legislativo, no es la primera vez que un Gobierno bloquea a última hora un acuerdo político cerrado: el año pasado Alemania obligó a reabrir el acuerdo para prohibir la venta de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035 y poco después Francia utilizó la misma estrategia con la directiva sobre energías renovables. En ambos casos, acabaron consiguiendo concesiones. EFEverde
lul /al
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