Cada vez que un usuario compra tecnología, paga entre 5 y 30 euros de media «para que los fabricantes se hagan cargo de la gestión de los aparatos cuando termina su vida útil» aunque luego los productores «destinan poco más del 20 % de este dinero al correcto tratamiento» de los desechos, según un comunicado facilitado por Back Market, plataforma europea de productos tecnológicos que trabaja contra la obsolescencia programada.
Esto supone un «perjuicio» para el medioambiente y la salud, además de un «fraude a los consumidores» que, cada vez que compran un aparato con interruptor, pagan por adelantado una tasa por el reciclado del producto cuando se convierte en chatarra.
Sin embargo, al final el usuario «termina pagando por un servicio que no recibe mientras los fabricantes acaban percibiendo indebidamente un dinero para la gestión de los RAEE», ha advertido Thibaud de Larauze, primer ejecutivo de esta empresa.
La situación se agrava cuando, según las cifras europeas, a pesar de que el consumo de este tipo de productos se ha triplicado en los últimos tres años en España, su reciclaje se ha reducido «prácticamente a la mitad», lo que muestra que «los fabricantes no están destinando los recursos suficientes al reciclaje de la basura electrónica».
Eurostat refleja que anualmente se producen alrededor de un millón de toneladas de residuos electrónicos, de las que más de 750.000 son aptas para el reciclaje pero sólo 1 de cada 4 aparatos electrónicos vendidos son reaprovechados, mientras que «los países de nuestro entorno procesan de media el 35 %» de su basura electrónica.
Así, calcula que «más de 500.000 toneladas de chatarra electrónica» no se reciclan de forma adecuada y terminan en vertederos ilegales, exportados irregularmente o tratados de manera ilícita para extraer y vender los materiales valiosos que contienen, pese a la ley sobre el tratamiento de estos residuos que determina que «los fabricantes son responsables del correcto reciclaje de la tecnología que producen».
Back Market recuerda que en febrero del año pasado el Gobierno introdujo cambios en esta ley para alargar la vida de estos productos, así como fomentar su reutilización y reacondicionamiento, incluyendo la obligación de reutilizar, a partir de 2017, el 3 % de los productos informáticos y pequeños electrodomésticos y el 2 % de los grandes aparatos eléctricos. Efeverde.
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