España es el primer país cultivador de variedades transgénicas comerciales, ya que, aunque se cultiva en cinco Estados miembros, sólo en este país la superficie de producción es significativa, pero la Administración continúa sin adoptar normas específicas de coexistencia, según Ifoam-UE .
La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (Ifoam) ha hecho estas afirmaciones en su informe “Previniendo la contaminación de los organismos genéticamente modificados (OGM). Un repaso a las medidas nacionales de ‘coexistencia’ en la UE”.
Ifoam-UE, que representa a más de 160 organizaciones de la UE-28, recuerda que en España el cultivo de transgénicos se inició en 1998 y que en 2003 el país se limitó a transponer a la legislación nacional la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
La organización señala que, a pesar del incremento significativo del cultivo de transgénicos, “España nunca adoptó normas específicas de coexistencia”.
De esta forma, critica que no haya exigencia de una distancia mínima de aislamiento (para que no haya contaminación cruzada), el establecimiento de una zona de amortiguación (para evitar que los transgénicos contaminen otros productos) o la obligación de informar a las autoridades o a los vecinos sobre el cultivo de transgénicos.
Además, en caso de contaminación por OGM en los cultivos convencionales o ecológicos no hay un régimen de responsabilidades, denuncia Ifoam-UE y, aunque algunas regiones han trabajado en un borrador sobre medidas de coexistencia “jamás se han adoptado formalmente”.
La contaminación ocurre “inevitablemente”, señala Ifoam-UE, y “no hay medidas para mitigar” sus efectos, ante la ausencia de unas normas claras sobre coexistencia.
La organización recurre a un informe de 2009 de Greenpeace en España en el que compiló varios testimonios de agricultores sobre contaminación por transgénicos.
De esta forma, añade Ifoam-UE, se puso de manifiesto no sólo la dificultad, sino la imposibilidad, para los agricultores orgánicos de maíz de garantizar una producción libre de transgénicos y que les supuso perder la certificación, con las consiguientes pérdidas económicas, además de daño en su imagen. El ejemplo español evidencia cuán serio es el problema para los agricultores de cultivos convencionales y biológicos cuando se cultivan transgénicos, continua.
La ausencia de normas de coexistencia empeora esta situación, que afecta, sobremanera, a los productores ecológicos por la pérdida de la certificación, lo que plantea una cuestión fundamental sobre los costes de la coexistencia y en quién deben recaer, concluye Ifoam-UE.
