Desde hace veinte años, el mercado europeo del carbono (RCDE-UE) (1) es una herramienta que vertebra la política climática.
Al fijar un precio por tonelada de CO2, la UE decidió incorporar una restricción medioambiental explícita en las decisiones económicas. En vísperas de su revisión, prevista para el verano de 2026, este mercado está sometido a arbitrajes políticos que van más allá de las meras metas climáticas.
Sectores con altas emisiones de carbono: elecciones decisivas
En nuestra condición de inversores responsables, debemos comprender los planes de transición de las empresas, pero también el marco reglamentario en el que se desenvuelven. Una señal de precio (2) creíble y progresivo constituye uno de los escasos mecanismos incentivadores capaces de movilizar inversiones industriales a largo plazo.
Por el contrario, cualquier cuestionamiento prolongado de esta referencia introduce una incertidumbre que podría penalizar a las empresas más adelantadas en su trayectoria de descarbonización.
La cuestión de la competitividad no puede soslayarse ante unos competidores internacionales que están poco o nada sometidos a una tarificación del carbono.
Para paliar esta asimetría, a comienzos de 2026 entró en vigor el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus iniciales en inglés), concebido para armonizar el coste de carbono de las importaciones con el soportado por los productores europeos.
La finalidad de este instrumento innovador de la Unión Europea es gravar las emisiones de carbono intrínsecas de algunas mercancías importadas.
Intereses divergentes
Si nos fijamos en el acero o el cemento, cuya descarbonización requiere inversiones masivas en, por ejemplo, hornos de arco eléctrico y tecnologías para la captura y el almacenamiento del carbono, la convergencia reglamentaria entre los mecanismos RCDE y CBAM es imprescindible para garantizar la rentabilidad de las inversiones y el reconocimiento de una verdadera «prima verde».
Por el contrario, una relajación prolongada del marco de carbono podría favorecer temporalmente a los actores más retrasados, pero a riesgo de penalizar a los pioneros y debilitar el avance tecnológico europeo.
Para los actores del sector químico, donde la descarbonización de los procedimientos industriales resulta difícil y costosa, una eventual prolongación de las cuotas gratuitas limitaría los costes de producción a corto plazo.
Así pues, la tarificación del carbono no es solo una herramienta medioambiental: se ha convertido en un factor que vertebra la competitividad y la diferenciación.
En una economía que se descarboniza, es la coherencia de las estrategias, mucho más que los ajustes coyunturales, lo que pensamos que determinará quiénes son los ganadores y los perdedores a largo plazo de la transición energética europea.
Valentin Vigier es responsable de Análisis ASG, La Financière de l’Echiquier (LFDE).
Información legal importante: Estos datos y opiniones de LFDE se suministran a título meramente informativo y, por ello, no constituyen una oferta de compra o de venta de valores, ni un asesoramiento de inversión ni un análisis financiero. No está garantizada ni su presencia en las carteras gestionadas ni su rentabilidad. La decisión de invertir no debe basarse únicamente en el enfoque extrafinanciero; también debe tener en cuenta el resto de las características.
1 Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea
2 Un precio del carbono
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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