«España se ha quedado atrás en la aplicación del marco legal (de la UE), pues los informes de las autoridades españolas muestran que aún no existe tratamiento adecuado» de las aguas residuales en lugares como Berga, Figueres o Bañolas (Cataluña) ni en Pontevedra, Marín, Poio o Bueu (Galicia), ha comunicado la CE.
La Comisión ha estimado que, o bien los informes de Bollullos Par del Condado (Andalucía) y de las ciudades catalanas de Abrera y Capellades están incompletos, o tampoco se cumplen la normativa de la UE.
El Ejecutivo comunitario ha recordado que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar unos sistemas adecuados de recogida y tratamiento de las aguas residuales, ya que «las aguas no tratadas representan un riesgo para la salud humana, los ríos y el medio marino». EFEverde
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