Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos anteproyectos de ley para regular la actividad y las condiciones laborales de los bomberos forestales y agentes medioambientales, un colectivo que suma más de 20.000 personas en toda España, ha informado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Ribera ha informado de que se han tratado además los planes de ordenación del espacio marítimo y la restauración de los sistemas fluviales.
Tras la aprobación de los anteproyectos de ley en Consejo de Ministros se someterán al Congreso de los Diputados.
Estatuto básico para bomberos forestales y agentes medioambientales
Según la ministra, sobre los dos anteproyectos de ley “era necesario establecer las normas y estatuto básicos para dos colectivos importantísimos” y con los cuales se mantenía “un compromiso” y con las cuales se pretende brindar “unas condiciones laborales básicas comunes en todo el territorio para estos colectivos.
Las características de prestación de servicio, condiciones de formación, garantías o coberturas de riesgos laborales se han desarrollado de forma diferente en cada una de las comunidades autónomas, “de ahí la importancia de ofrecer unas normas básicas comunes para todos los colectivos”.
Para los bomberos forestales “se hace por primera vez” un reconocimiento de la categoría para su trabajo a nivel nacional, que junto con la definición y condiciones que pueden sumar como miras a la jubilación, así como la necesidad de desarrollar un marco de prevención de para los riesgos laborales adecuados o el fortalecimiento de la defensa jurídica de estos colectivos, constituyen algunas de las novedades de este anteproyecto, según la ministra.
El segundo es el anteproyecto de ley es el que tiene como finalidad establecer un acuerdo marco para agentes forestales y medioambientales que también pretende facilitar un criterio común para las especialidades y las agrupaciones de funcionarios y personal laboral en las administraciones públicas en las que están trabajando para la protección de la naturaleza y los bienes ambientales, según la vicepresidenta tercera.
Esto requiere el “reconocimiento y fortalecimiento de su condición de policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico, reconociendo el carácter de agentes de autoridad debido al trabajo que desempeñan junto al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad”.
Es un reconocimiento a la labor de los agentes, porque eran necesarias una serie de especificidades reconocidas en todo el territorio como el reconocimiento de que los vehículos que emplean tengan la condición de vehículos prioritarios “como -ha dicho- cuerpo administrativo especial que son”.
Coberturas para todo el territorio nacional
Y al igual que los bomberos que “necesitan el despliegue de coberturas específicas y de medios necesarios compatibles en todo el territorio para la prevención de riesgos y la ampliación y coberturas jurídicas”.
Ribera ha explicado que con estos dos proyectos de ley se da “un paso adelante en el reconocimiento para la regulación de las funciones básicas de más de 20.000 personas en todo el territorio para nuestro bienestar y el de nuestra seguridad”.
En los dos textos se han recogido “algunas mejoras” de los propios colectivos, de las administraciones autonómicas y de las fuerzas de seguridad, ha afirmado.
Varias decenas de bomberos forestales se han concentrado esta mañana frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reclamar el incumplimiento de los plazos en la aprobación de un estatuto común básico en toda España.
Concentración de los bomberos frente al Miteco
Varias decenas de bomberos forestales se han concentrado esta mañana frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reivindicar el incumplimiento de los plazos y la falta de transparencia del Gobierno en la aprobación de un estatuto que dote a los trabajadores del sector de una normativa básica en toda España.
Antes del anuncio de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre la remisión al Congreso de los dos anteproyectos de ley de bomberos y agentes forestales, portavoces de los agentes sociales UGT y CC.OO. han mostrado su malestar con el ministerio por la demora en los tiempos fijados, los cuales establecían que, para enero de 2023, la segunda vuelta del anteproyecto de ley debía trasladarse al Consejo de Ministros para que fuera refrendado en febrero en el Congreso.
El representante del sindicato del cuerpo de bomberos forestales de UGT, Ángel Rubio, ha denunciado que el Gobierno “ha vulnerado el compromiso que adquirió” y ahora prevé que, dado el cauce por el que discurren otras normativas legislativas, “va a ser imposible llegar a verano con una regulación oficial que homogeneice al personal en España”.
Actualmente, Rubio manifiesta que, debido al trasvase de competencias a las comunidades autónomas, en España hay una variedad de 17 dispositivos nacionales que lacran al colectivo por la precariedad que conlleva, con autonomías que trabajan los doces meses del año y otras que únicamente lo hacen en el periodo canicular; generalmente, durante un trimestre.
“Esto propicia unas tasas de temporalidad dentro de la plantilla de hasta el 70 % en Castilla y León, de un 35 % en la Comunidad de Madrid, de un 30 % en Aragón o de un 25 % en Andalucía”, explica el portavoz del sindicato.
Ha reclamado condiciones laborales dignas en una profesión que, según los “tétricos datos del 2022”, ha hecho frente a “268.000 hectáreas calcinadas”, ha evacuado a “más de 3.000 poblaciones”, y ha lamentado “cuatro fallecidos y más de un centenar de heridos”.
En su valoración del anteproyecto de ley, señala que desde que se publicó el primer texto el pasado 22 de noviembre no han recibido ninguna actualización ni ningún tipo de comunicación de la Administración Pública, por lo que desconoce qué tipo de documento se va a rubricar, cuáles han sido las aportaciones derivadas de la consulta pública, o las opiniones emitidas de las comunidades autónomas, cuando lo que está en juego es el futuro de alrededor de 25.000 trabajadores de prevención, detección y extinción de incendios y contingencia en el medio natural y rural.
El responsable de bomberos forestales de CC.OO., Carlos Martín, ha demandado el respeto que no se les ha prestado porque, ante la petición de explicaciones del porqué del retraso en la ejecución de la normativa, el Gobierno “ha mantenido su silencio durante más de un mes y no ha aclarado sus requerimientos ni dudas”.
Martín ha celebrado la “aparente aprobación regulatoria en el Consejo de Ministros”, pero, dado el escaso plazo restante de legislatura, urge a los grupos políticos a hacer “un esfuerzo para crear una ley que cambie la realidad de la prevención, detección y extinción de incendios forestales, y que incluya un real decreto de cualificaciones profesionales que no recogía el borrador y que es fundamental porque determina las competencias profesionales y laborales del sector”. EFEverde
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