Quito.- Colectivos ambientalistas e indígenas promotores de los plebiscitos celebrados el año pasado en Ecuador para detener la extracción de petróleo en un yacimiento del amazónico Parque Nacional Yasuní y para prohibir todo tipo de minería en el Chocó Andino han exigido este martes que se cumpla lo votado por los ecuatorianos, tras haber transcurrido seis meses de ambas consultas.
En ambos casos el resultado de las votaciones fue favorable a las iniciativas con más del 60 % de los votos a favor de sendos planteamientos.
Sobre la consulta petrolera, que implica el desmantelamiento del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), el representante de la nacionalidad indígena waorani Ewene Ima advirtió de la intención del Gobierno del presidente Daniel Noboa de plantear un cese de la explotación en los próximos cinco años y no en agosto próximo como señaló la Corte Constitucional al aceptar la celebración de esa consulta popular.
«Lamentablemente han pasado seis meses, y vemos que en los gobiernos locales y el Gobierno nacional quieren doblegar el voto popular de los ecuatorianos», ha declarado Ima, cuyo pueblo waorani es el más numeroso del Yasuní, con un territorio que abarca el 60 % del Parque Nacional.
El delegado waorani ha afirmado que los habitantes del Yasuní no han visto en seis meses un freno por parte de las empresas petroleras.
«Nuestros derechos son vulnerados cuando el Estado nos lo debería garantizar», ha manifestado Ima, que se ha apoyado en el pronunciamiento realizado días atrás por la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), que agrupa a todas las comunidad de esta etnia y que ha exigido el cierre inmediato del Bloque 43-ITT.
Con esta decisión, los ecuatorianos sentaron un precedente mundial al ser la primera vez que mediante votación se decidía abandonar una explotación petrolera a cambio de preservar una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Esta decisión supone dejar bajo tierra reservas de petróleo valoradas por las autoridades ecuatorianas en unos 13.600 millones de dólares para los próximos años en este yacimiento que produce diariamente unos 58.000 barriles de petróleo, equivalente a alrededor de un 11 % de la producción nacional de Ecuador.
Concesiones mineras vigentes
Por su parte, el coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inty Arcos, ha asegurado que hay empresas que buscan realizar procesos de comunicación y concienciación sobre las concesiones mineras que antes de la celebración del plebiscito estaban ya otorgadas y que siguen vigentes en este espacio natural de bosques andinos situado parcialmente dentro del Distrito Metropolitano de Quito.
Arcos ha avisado incluso de que «la democracia está en juego en Ecuador» ante el riesgo de que puedan verse incumplidas las decisiones tomadas en esta consulta popular que, al contrario que en el caso del ITT, se celebró únicamente entre los votantes de la capital ecuatoriana.
En ese sentido, ha realizado un llamamiento a las autoridades para que puedan revisarse las concesiones otorgadas con la finalidad de ser revocadas, pues considera que nunca podrán entrar en explotación tras ganar el ‘Sí’ a prohibir cualquier tipo de minería metálica en el Chocó Andino, catalogado como reserva de la biósfera por la Unesco.
Arcos ha recordado que las concesiones mineras otorgadas en el área del Chocó Andino tienen grandes extensiones, con una de 9.000 hectáreas y otras de 6.000 y 5.000, respectivamente.
Advierten de posible destitución de autoridades
Así, el abogado Ramiro Ávila ha desvelado que los colectivos ambientalistas que apoyaron y promovieron ambas consultas están solicitando a la Corte Constitucional que inicie la fase de evaluación del cumplimiento de ambas decisiones.
Ávila ha dicho que el máximo tribunal de garantías de Ecuador deberá evaluar si se están incumpliendo, y de ser así «determinar responsabilidades y eventualmente destituir a las autoridades que están incumpliendo, sean estos ministros, directores o el presidente de la República, (porque) la Constitución de la República no distingue».
El letrado ha apostillado que los funcionarios, incluido el presidente, pueden ser destituidos por incumplimiento de mandato e incluso ha mencionado el artículo 282 del código penal ecuatoriano, que sanciona entre uno y tres años de cárcel a quien incumpla mandatos legales legítimos.
«Parece que la clase política no quiere entender que este país está siendo básicamente un país ecologista que rechaza el extractivismo por mayorías populares», ha comentado Ávila, que reitera su preocupación por que la clase política «no se está tomando en serio» este mandato popular. EFEverde
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