Varias carpas nadan en un recipiente de un puesto en el centro de Praga, República Checa, hoy, lunes 21 de diciembre de 2009. La venta callejera de carpas es una antigua tradición checa navideña muy arraigada, puesto que la sopa de pescado y las carpas fritas con ensalada de patata constituyen el plato más popular por estas fechas en el país. EFE/Filip Singer

Foto de archivo de carpas

ESPECIES INVASORAS

Los expertos exigen estudios económicos que avalen la reforma de la normativa de invasoras

Publicado por: Caty Arévalo 22 de febrero, 2018 Madrid

Por Caty Arévalo.- Conservacionistas y científicos, que representan la voz de 17 sociedades científicas y 600 investigadores, han exigido hoy al Parlamento estudios económicos independientes que justifiquen la reforma de la Ley Biodiversidad que propone el PP para hacer excepciones con las especies invasoras.

El PP plantea esta modificación para que se pueda permitir la explotación comercial de determinadas especies exóticas invasoras.

En nombre de la comunidad científica y de cien ONG conservacionistas, que en noviembre registraron una carta mostrando su rechazo a esta reforma, han hablado hoy el científico experto en invasoras, Pablo Vargas (Jardín Botánico, CSIC) y los portavoces de SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y Accio Ecologista-Agro, Juan Carlos Atienza, Theo Oberhuber y Eva Tudela, respectivamente.

Informes económicos independientes

Los tres han coincidido en una premisa, si el PP justifica su reforma en los beneficios que genera la explotación económica de las especies invasoras -pesca deportiva, piscifactorías, etc- éstos deben quedar demostrados a través de informes económicos independientes antes de proceder al cambio normativo.

“Es inconcebible que no se sepa el valor real de las actividades económicas que justifican la reforma de la ley, que debería requerir estudios previos dada la gravedad del problema que suponen las especies invasoras”, ha incidido Vargas.

El investigador del Jardín Botánico-CSIC ha alertado a los diputados de que España “no es un país que prevenga lo suficiente, ni gaste el dinero necesario en investigar para evitar la entrada de especies invasoras”, por lo que “no debe plantear una reforma de este tipo que facilitaría la proliferación de especies indeseables”.

Catalogación, fruto del consenso científico

El PSOE pide al Gobierno revisar el catálogo de especies invasoras.
Limpieza de camalote, una planta invasora, en Extremadura. EFE/Jero Morales

“Si para algo tiene que cambiarse esta ley, es para endurecerla”, ha incidido el investigador -y pescador aficionado-, quien ha recordado que la declaración como “invasora” de una especie es fruto del consenso de la comunidad científica, por lo que “una norma así no se puede cambiar al azar por la valoración que haga un sector de la pesca deportiva”.

El consenso científico existente en torno a esta ley y a las especies que deben ser consideradas invasoras -que llevó al Tribunal Supremo a obligar al Gobierno a incluir especímenes exóticos que habían sido descatalogados como tales- debería ser “suficiente para no modificar la ley”, ha defendido Oberhuber.

El portavoz de Ecologistas en Acción ha desmontado las cifras de pérdidas que la industria piscícola atribuye a la actual ley –3.000 millones de euros anuales y cierre del 25 % de las piscifactorías– basándose en la última memoria de la patronal, y ha exigido a los diputados que “hagan estudios independientes para contrastar los datos.

Falsos mantras

El portavoz de SEO/BirdLife ha desmentido “el falso mantra” de que la ley actual impide la pesca y la caza de especies exóticas, “ya que más bien hace todo lo contrario: convierte a los cazadores y pescadores con intereses en esas especies en actores relevantes en la conservación, impidiendo que se devuelvan a los ríos”.

“De hecho, la normativa es flexible para abordar posibles conflictos sociales y económicos, como ocurre con el cangrejo rojo en Andalucía”, ha añadido.

“Otro cliché que conviene aclarar en el debate sobre las exóticas invasoras es el del empleo: no se han podido perder 3,5 millones de puestos de trabajo por esta sentencia del Supremo, tal y como afirman los diputados del PP, porque eso es perder un 15 % de los puestos de trabajo de todo el país en un año”, ha incidido.

Tudela, al igual que los ponentes ya citados, ha criticado que la propuesta de reforma planee que la catalogación de una especie exótica invasoras sea una decisión política, en lugar de científica.

A favor de la reforma

Pescador de truchas en el Miño.
Pescador de truchas en el Miño. EFE/Lorenzo Brais

En contraposición, José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, ha defendido que los ríos españoles “son ya ecosistemas artificiales totalmente transformados” donde “no pueden vivir especies autóctonas”.

Para Bruna, la actual Ley de Biodiversidad es una norma “intransigente” y “de máximos” que sólo genera “problemas sociales y económicos”.

Carlos Bueno, coordinador nacional de la Plataforma en Defensa de la Pesca, ha dicho de la actual legislación -acordada por consenso en 2007- es “incomprensiva, desafortunada, mal promulgada, solo atiende a criterios científicos y se hizo a escondidas sin contar con los sectores afectados”.

Por su parte, Jesús Expósito, presidente de la Asociación Española de Black Bass (un tipo de perca), ha subrayado que la ley actual sume a los pescadores en la “incertidumbre e indefensión”, y ha expresado su rechazo a que las capturas de especies invasoras no puedan ser devueltas a los ríos, donde ya forman parte del “equilibrio ecológico”.

El contexto

Las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en tierras continentales y la primera en insulares, causando pérdidas de 12.000 millones al año sólo en la UE.

La polémica con la normativa que lucha contra esta lacra contra el medio ambiente y la salud pública se deriva del catálogo de invasoras elaborado por el Ejecutivo popular en 2013, que dejaba fuera especies exóticas como la cabra arruí, la trucha arcoíris, el lucio, la carpa, o el cangrejo americano.

Varias organizaciones llevaron esta decisión a los tribunales, y, basándose en un informe encargado a los científicos, el Supremo dictaminó en 2016 que un buen número de especies excluidas debían volver al catálogo y por tanto no se podrían comercializar o devolver al río si se pescan.

En el texto propuesto ahora por el PP, la inclusión o exclusión de una especie en el catálogo sigue quedando en manos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que actuará a propuesta de una Comisión Estatal en la materia.

Pero la reforma indica que “en casos excepcionales debidamente justificados, por motivos imperiosos de interés público incluidos los de naturaleza social o económica, la Comisión Estatal podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, las prohibiciones para una determinada especie catalogada de invasora”.

Caty Arévalo

Periodista ambiental de la Agencia EFE. Premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad 2017. 2013/14 Knight Science Journalist Fellow en MIT y Harvard. Investigadora de la comunicación del cambio climático en la Universidad de Oxford.