Amaya Quincoces y Juan Carlos Gómez
Madrid,- El nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino, se muestra muy preocupado por la amenaza creciente de los incendios forestales de nueva generación: son «prácticamente incontrolables», resulta excesivamente complejo determinar no solo sus causas, sino su autoría, y la respuesta de la Justicia está «muy limitada».
En una entrevista con EFE, la primera a un medio de comunicación desde su nombramiento en marzo, Rufino considera que uno de los grandes retos de su mandato será dotar de más medios a los fiscales especializados -algo más de 200- para combatir una delincuencia ambiental «cada vez más compleja y transnacional».
Rufino, que sustituye a Antonio Vercher al frente de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, y que atesora una amplia experiencia en este ámbito gracias a sus 15 años como fiscal de Medio Ambiente en Sevilla, añade que las respuestas contra los excesos ambientales «deben ser colectivas».
Según los datos oficiales, durante 2025 se registraron 1.087 sentencias condenatorias por delitos ambientales, frente a 289 absolutorias. Los delitos urbanísticos encabezaron las condenas, con 359 resoluciones, seguidos de los relacionados con la flora y fauna silvestres (280) y los de maltrato animal (283).
Los delitos sobre incendios forestales «son quizás los que más preocupan», ha asegurado el fiscal coincidiendo con el inicio de la temporada estival. En 2025, hubo 86 condenas. En contraposición con otros delitos más fáciles de identificar, las peculiaridades del bosque hacen «difícil conectar los indicios de la prueba» con los responsables del fuego, ha explicado.
Pregunta: ¿Cuál es su gran desafío como fiscal de Medio Ambiente?
Respuesta: Que los 204 fiscales especializados en Medio Ambiente tengan los medios científicos suficientes, y el apoyo policial suficiente para enfocar con éxito una respuesta unificada frente a la delincuencia ambiental, un fenómeno cada vez más complicado.
Las respuestas a los excesos ambientales han de ser colectivas, desde el propio ciudadano que eduque a sus hijos en el respeto a la naturaleza, junto con asociaciones ecologistas, fuerzas policiales, administraciones públicas, fiscales, jueces… La Fiscalía española, desde esta unidad, hace bastantes años que hace cada verano una campaña de incendios forestales para la prevención.
P:- ¿Por qué es tan difícil condenar a los responsables de los incendios?
R:- Por las características peculiares del bosque es muy difícil detectar al autor, no solo la causa. La mayoría de veces son negligencias. Es difícil conectar los indicios de la prueba de un incendio forestal con la persona. A veces son quemas ilegales, fogatas recreativas, barbacoas, etcétera. No es tan fácil como en otros delitos determinar el autor. Un delito urbanístico es mucho más fácil.
En España, los grandes incendios forestales de más de 500 hectáreas han aumentado de manera tremenda. El año pasado fueron 63, mucho más del doble que la media de los diez últimos años. 2025 fue devastador, con pérdidas de vidas humanas y de materiales con un coste enorme, también de las administraciones a la hora de extinguirlos. Es una preocupación muy grande en una situación de progresiva desertificación del país, de pérdida de recursos hídricos.
No me preocupa tanto el número de condenas como el fenómeno en sí; eso es mucho más preocupante. Los incendios de nueva generación, prácticamente incontrolables, es lo que me preocupa. Tenemos que intentar dar una respuesta, pero la respuesta de la Justicia aquí es muy limitada.
P:-¿Qué opina de quienes hablan de «tramas incendiarias» organizadas?
R:- Eso de las tramas organizadas tiene mucho que ver con el mito, sobre todo si esas tramas buscan luego urbanizar en esas zonas o traficar con la madera, por la sencilla razón que, desde la ley de Montes, que tiene ya más de veinte años, se prohíbe ese tipo de usos tras un incendio. Incluso nuestro Código Penal permite a los tribunales sentenciadores prohibir el uso de la madera quemada, que no suele servir para nada después o para muy poco y desde luego urbanizar o cambiar el planeamiento urbanístico para permitir construir donde antes no se podía.
La mayoría de los delitos de incendio forestal son imprudentes, negligentes. El año pasado, el 52 % de los incendios fueron por imprudencias. Eso no tiene nada que ver con tramas organizadas. En el 32 % de los incendios forestales intencionados, dolosos, no hemos visto ninguna trama organizada, normalmente se deben a rencillas vecinales, venganzas…
P:- ¿Con los nuevos incendios de sexta generación el actual ordenamiento jurídico se queda corto?
R:- No. El Código Penal establece penas muy elevadas. Lo que hace falta es cumplir. No considero que aumentar las penas dé ningún beneficio, al menos dentro de la justicia penal. Lo que hace falta es cumplirlas. Y sobre todo, reparar el daño, restaurarlo. La legislación penal ambiental española es bastante avanzada, las penas son razonables.
La directiva de la UE de 2024 obliga a todos los países europeos a cambiar no solo determinados delitos, sino a elevar las penas. Se exige además una persecución más contundente contra los delitos ambientales cometidos por medio de sociedades mercantiles o empresas en general. Nuestra obsesión es que quien contamina, paga, sí, penal y civilmente: paga y repara. EFE
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